El equipo legal del exgobernante Juan Hernández, extraditado a Estados Unidos en abril pasado, ha informado que su hermano “Tony” Hernández (der.) –condenado a cárcel de por vida– será llamado a testificar en el juicio que, según la programación actual, iniciará el 24 de abril de 2023.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado Raymond Colon, líder del costoso equipo legal que defiende al exgobernante hondureño, Juan Hernández, ha confirmado que en el juicio será llamado a testificar el sentenciado Juan Antonio “Tony” Hernández, según un reporte de Voz de América (VOA).
El abogado Colon ha dicho tras posponer la audiencia que estaba programada para ayer miércoles 28 de septiembre –que ahora será realizada en octubre– se espera la respuesta del juez Kevin Castel para “desclasificar” varios documentos que servirán para conocer las pruebas de la Fiscalía contra Hernández.
Según dijo esta estrategia no se “aprovechó” por el equipo legal de “Tony” y que esta es la gran diferencia, “ese equipo de defensa nunca pidió pruebas clasificadas”.
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Colon aseguró que estos documentos secretos, contienen información que involucra a personal de la DEA y cree que “hay individuos que se han beneficiado financieramente del narcotráfico”, y que éstos ahora están “desquitándose con él (JOH)”.
Sin embargo, el exagente de la DEA, Mike Vigil, refutó que se busca hacer alusión a que el dictador hondureño “es inocente”, afirmando que llamando a varios presidentes como testigos a su favor y siguiendo una lógica mediática que los testigos de la Fiscalía son todos narcotraficantes extraditados en su régimen.
Vigil advirtió que el precedente de Hernández es comparable al de su hermano “Tony” y al del capo mexicano Joaquín Guzmán, “a los dos les dieron cadena perpetua”, destacó.
Según informes de la Fiscalía del Distrito Sur de New York, Juan Hernández valió su poder como jefe del Estado hondureño para conspirar en el envío de droga a territorio estadounidense, su influencia criminal permitió asestar golpes sistemáticos a la Carta Magna para buscar su ilegal reelección en 2017 y descomponer el Estado de Derecho a su medida, alcanzando sus “victorias” en elecciones por la vía del fraude, avalados incluso por el Departamento de Estado, sobre todo por el Gobierno de Donald Trump.
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