A esta hora de la mañana, agentes de la ATIC ya han capturado al exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, luego que se librara un requerimiento fiscal contra cuatro exfuncionarios por supuestos delitos que se vinculan a la compra de la inútil “carpa móvil” instalada en Villanueva, Cortés, en el marco de la emergencia por Covid-19.
En la mira también está el extitular de Copeco y exdiputado, Gabriel Rubí, quien en junio pasado se entregó a la justicia horas después que se librara orden de arresto por supuesta sobrevaloración en la compra de insumos médicos en 2020.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Juzgado Penal en materia de Corrupción, recibió esta mañana un requerimiento fiscal donde solicita orden de captura a cuatro señalados por supuesto delito de violación a los deberes de los funcionarios, fraude y falsificación de documentos públicos.
Según ha trascendido, en este caso, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), ha arrestado al exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, quien de acuerdo a la investigación, habría cometido delitos durante la emergencia por Covid-19 en 2020.
Un vocero del Poder Judicial manifestó que la información que se tiene hasta el momento es que el caso se relaciona a las compras que se ejecutaron a través de la Secretaría de Salud.
Por otro lado, un comunicado oficial del Ministerio Público, señala que los demás involucrados son: el extitular de la Comisión Nacional de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí; el exadministrador esa entidad, Cristian Elías Santeli; y la representante legal en Honduras de la empresa DLX Enterprises LLC, Mirna Luz Romero Majano.
Cabe recordar que en junio pasado, el también exdiputado Rubí, se entregó a la justicia horas después de que se emitiera orden de captura por supuesta sobrevaloración en la compra de insumos para “salvar vidas” en 2020.
De acuerdo con la Fiscalía, en 2020 los involucrados suscribieron un contrato para la compra de la inútil “carpa móvil” como unidad de aislamiento para el tratamiento de pacientes con Covid-19, a un precio de 5.5 millones de lempiras “pero lo que se instaló nada más fue una carpa que no cumplía requisitos básicos o mínimos para atender pacientes en momentos críticos de la pandemia”.
El documento señala que el 28 de febrero de 2020, Cerrato actuando como coordinador del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), comenzó junto a Rubí la adquisición del “hospital”, alterando documentación “y violentando una serie de procedimientos y protocolos legales, todo ello en un tiempo récord de dos días”.
En ese sentido, los agentes fiscales confirmaron que las transferencias que realizó el Gobierno de Juan Hernández a la empresa DLX Enterprise LLC, por concepto de pago de las carpas se ejecutó de la siguiente forma: un adelanto de 33,502.97 dólares el 2 de marzo de 2020, siete días después $.78,173.61 y una última el 17 de marzo de 2020 por $.111,676.58.
En las inspecciones de campo, expertos de ingeniería civil y biomédica, se acreditó que el proyecto fallido se instalaron en un predio de tierra (campo de fútbol) inundable, sin estudios topográficos, ni mucho menos con equipo médico tecnológico para el tratamiento de enfermedades pulmonares como el Coronavirus.
“Las imputaciones en el caso de Gabriel Alfredo Rubí Paredes y Cristian Elías Santeli Chavarría son por suponerlos responsables de violación de los deberes de los funcionarios y fraude, mientras que a Nery Conrado Cerrato Ramírez se le presume responsable de falsificación de documentos públicos y a Mirna Luz Romero Majano se le señala como cooperador necesario de fraude”, destaca el comunicado oficial.
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