El desmontaje de la estructura de control de los poderes del Estado en una sola mano a través del Consejo Nacional de Defensa que presidía a su antojo, con los militares, el extraditado Juan Hernández, avanza a paso lento, pero mete presión a sectores golpistas que fueron pilar para sostener la dictadura y todos los delitos de Hernández, entre tantos, la ilegal reelección presidencial.
El proyecto presidencial hacia la restauración del Estado de Derecho e independencia de poderes no logró aprobarse este jueves y la discusión pasó para el próximo martes, porque diputados opositores insisten en un “debate profundo”.
Estas fuerzas han posicionado la conspiración contra la legalidad en la prensa tradicional con mensajes de “autoritarismo” y “alto riesgo”; esos medios ahora escandalizados, callaron cuando JOH concentró todos los poderes para sus proyectos obscuros y apoyaron los atropellos y delitos contra la Constitución de la República.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Las bancadas de los partidos Salvador de Honduras (PSH), Liberal y Nacional (PN), han puesto freno al nuevo proyecto de ley sobre Seguridad Nacional, enviado anoche al Congreso Nacional como parte de la propuesta del Gobierno de Xiomara Castro para suprimir el controversial Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
Lo anterior, según manifiestan diputados del gobernante Libertad y Refundación (Libre), abarca el acuerdo firmado en octubre de 2021 con PSH y otros sectores de oposición, como propuesta de refundación y retorno de los campos de seguridad y defensa nacional al orden civil.
En abril pasado, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para derogar el decreto que dio vida al CNDS, creado en 2011 con la administración de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), con el extraditado Juan Hernández como mandamás del Legislativo.
El proyecto de la presidenta pretende que el nuevo ente sea conformado únicamente por instituciones que responden al Poder Ejecutivo, integrándose de la siguiente forma: presidenta de la República como jefa asistida por un secretario ejecutivo y un adjunto; los secretarios de Gobernación, Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y el Procurador General de la República.
Además, apunta a que los titulares de Investigación e Inteligencia, Policía Militar, Sistema de Emergencias 911 y del Centro Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI), serán subordinados de la presidenta y “rendirán informes periódicos al Poder Ejecutivo a través del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad”.
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El decreto 239-2011, que enmarca la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, establece que éste debía ser conformado por el presidente de la República, el Congreso, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Fiscal General, y los secretarios de Seguridad y Defensa Nacional.
En este escenario, especialistas en materia de derecho constitucional y gobernanza, siempre criticaron que la existencia de este Consejo, atentaba contra la forma de Gobierno y, por ende, violentaba la Constitución del país.
Según el reglamento, sus disposiciones eran diseñar política pública en seguridad, defensa e inteligencia; armonizar acciones entre operadores de esos tres campos; vigilar el funcionamiento y atribuciones de la Dirección Nacional de Investigación y Defensa, así como nombrar a sus autoridades; y “elaborar acciones estratégicas en materia de inteligencia que sirvan para diseñar las políticas en materia de Defensa y Seguridad”.
No obstante, “del dicho al hecho” hay todo un universo de distancia, pues al ascender Juan Hernández a Casa Presidencial en 2014 –con graves denuncias de fraude en elecciones–, controló a su antojo a los titulares de los tres poderes del Estado, que valió un soporte considerable para violar la Constitución sin descanso, siendo el gran golpe la habilitación para reelegirse de forma ilegal e ilegítima con favor del extinto Tribunal Electoral y el Gobierno de Donald Trump.
La acción del Gobierno Castro se enmarca en retornar a una independencia de poderes y, sobre todo, castigar con contundencia los delitos en contra del Estado, como la traición a la patria ejecutada con el apoyo a la reelección de Hernández y la subasta del territorio nacional con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), por eso se entiende el porqué los sectores que fueron pilar de la dictadura se resisten y han vendido la idea que es una medida “riesgosa” y “autoritaria”.
La ofensiva de quienes están en contra, se ha visto a lo largo de este día en la programación de las televisoras que apoyaron el golpe de Estado y la dictadura, foros y portadas de la prensa tradicional que, en su afán de seguir impunes por arengar y lucrarse con la ruptura del orden constitucional en 2009 y luego callaron cada crimen contra la república y el pueblo hondureño, en esa línea “han descongelado” analistas de turno que sumados a la presión dela banca nacionalista en Congreso, frenaron hoy la aprobación de la nueva ley y volverá a discutirse en la sesión convocada para el próximo martes.
En esencia, el nuevo proyecto busca el desmontaje de la dictadura previo a la elección de la nueva Corte Suprema y Fiscalía General que se realizará el próximo año que según analistas con criterio valioso, será el engranaje último para poner en marcha la refundación del país.
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