Doce oficiales del Ejército colombiano han sido imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, y en su audiencia de reconocimiento público, han admitido que ejecutaron a 127 personas como “falsos positivos” para colocarlos como “bajas en combate”, publica la agencia internacional, RT.
Agencias / EL LIBERTADOR
Un total de 12 militares colombianos admitieron su responsabilidad por el asesinato de 127 personas en el norte del departamento del Cesar y en el sur de La Guajira, para presentarlas como ‘falsos positivos’. La confesión se dio durante una audiencia de reconocimiento público de la verdad.
Los uniformados fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por delitos lesa humanidad y crímenes de guerra, entre los que se encuentran ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, presentadas falsamente como «bajas en combate».
La JEP declaró a 15 miembros del Ejército que pertenecían al Batallón de Artillería N° 2 La Popa como «máximos responsables» por los asesinatos, pero tres no reconocieron su participación en los hechos, por lo que su casos serán llevados a otro proceso judicial que podría culminar con penas de hasta 20 años de cárcel.
Previamente, los imputados entregaron un documento de reconocimiento escrito ante la Magistratura y desde este lunes participan en una audiencia pública en la ciudad de Valledupar, en el Cesar.
Las ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe pertenecen al Macrocaso 03, correspondiente a los ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado’, que lleva la Sala de Reconocimiento de Verdad. El proceso se lleva adelante para esclarecer el asesinato de más de 6.402 personas, bajo la modalidad de los llamados ‘falsos positivos’.
Palabras durante la audiencia
La audiencia fue dirigida por el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, y los magistrados Óscar Javier Parra, relator del subcaso Costa Caribe; los correlatores Belkis Izquierdo y Julieta Lemaitre; y el togado Alejandro Ramelli.
La jornada, que culminará el martes, se inició con un ritual de armonización hecho por los pueblos indígenas kankuamo y wiwa, pertenecientes a la Sierra Nevada de Santa Marta, en el departamento del Magdalena.
«Es el momento de la verdad, pero también de la restauración de las víctimas. Estos hechos no se pueden postergar. No se trata simplemente de producir un efecto de estremecimiento de una conciencia atormentada en el país», aseveró Cifuentes, encargado de empezar la diligencia.
¿De qué se les imputó?
La JEP determinó que los miembros del mencionado batallón formaron parte de una «organización criminal» e ilegal que, entre el 9 enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, operó dentro de esa instancia militar para presentar los asesinatos como como «bajas en combate», según un informe de ese organismo.
Las víctimas eran personas indefensas que fueron engañadas y la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que hubo una «ataque generalizado y sistemático» contra los civiles.
Del mismo modo, los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo fueron fueron víctimas de «daño grave, diferenciado y desproporcionado» por parte de algunos integrantes del mencionado batallón. Un total de 12 miembros de esa comunidad fueron asesinados y presentados como «bajas en combate», incluyendo a una niña de 13 años que estaba embarazada.
¿Cómo se conocieron los hechos?
Luego de analizar 97 carpetas operacionales de «bajas en combate», 50 expedientes de la justicia penal ordinaria, documentos militares, informes de entidades públicas, organizaciones de derechos humanos y víctimas, la JEP determinó que los hechos no habían sido investigados por las autoridades judiciales y «logró aportes a la verdad de algunos comparecientes que siempre habían negado su responsabilidad».
Según se explica en el documento, los integrantes del Batallón La Popa le manifestaron al organismo de Justicia transicional que las bajas en combate eran un «indicador de éxito militar».
Conforme pudo establecer la JEP, había presión por obtener resultados, a través de amenazas y de beneficios como permisos, viajes, descansos y pagos.
La Sala determinó que estos homicidios formaban parte de un «plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos», que buscaban mantener el control territorial y mostrar avances del Estado en la lucha contra los grupos armados y la delincuencia.
¿Cómo eran las víctimas?
La JEP concluyó que las víctimas eran miembros de la población civil que fueron señalados de pertenecer a estructuras armadas o bandas delincuenciales sin verificación alguna y sin enfrentamientos con las autoridades. Estos hechos ocurrieron con la colaboración de los grupos paramilitares que se encargaban de retener y entregar a las personas al Ejército.
Otras víctimas eran personas en condición de vulnerabilidad, que fueron llevadas bajo engaño a lugares donde supuestamente serían contratadas, para asesinarlas. Los victimarios elegían a estos ciudadanos porque consideraban que sus familiares nunca reclamarían las desapariciones.
Los asesinados eran vestidos con uniformes de grupos irregulares y se los dotaba con armas y municiones. La identidad de los fallecidos no se determinaba y sus cuerpos eran trasladados por personal militar, sin la participación de otras autoridades.
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