El comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, ha sentenciado que los “bucaneros” de Próspera no tienen argumentos para seguir operando tras la derogación de las controversiales “ciudades exclusivas”, ya que éstos se basan en acuerdos que carecen de legalidad y legitimidad constitucional.
El destacado abogado y economista, señaló que los vestigios del proyecto original lo que buscan es ganar tiempo para justificar los aumentos de sus inversiones iniciales y que insólitamente están negociando como “si ellos fueran contratantes de un tratado internacional y el Estado de Honduras su contraparte; ese concepto no es posible en el Derecho Internacional público”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) “Próspera”, ubicada en Islas de la Bahía, sigue operando en completa ilegalidad, desconociendo la derogación que aprobó el Congreso Nacional, ya que justifican que su inscripción se enmarca en la Constitución de la República; sin embargo, el Gobierno hondureño ya ha advertido que no tienen argumentos para su continuidad.
En este contexto, el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, en entrevista con el programa radial “En La Plaza” que conduce la destacada periodista Gilda Silvestrucci, explicó que insólitamente los empresarios de Próspera actúan con conceptos del Derecho Internacional que no se acopla a las “ciudades exclusivas”.
DE INTERÉS: PRESENTAN DENUNCIA EN FISCALÍA CONTRA “BUCANEROS ZEDE”
Reveló que la unidad que le asignó la presidenta Xiomara Castro, ha obtenido más de 10,000 páginas de documentación de las ZEDE, pero que por la Ley de Secretos Oficiales –derogada recientemente– aún siguen clasificados varios documentos y unos 27 artículos de la Ley de Administración Pública, así como la resolución 0-69 del Consejo Nacional de Defensa.
El destacado abogado y economista resaltó que el Gobierno ya ha actuado con la derogación de dos normativas respecto a las ZEDE, una de ellas relacionada a la reforma de cuatro artículos de la Constitución “que se reformaron inconstitucionalmente, ilegítimamente e ilegalmente, rompiendo con toda la tradición jurídica positiva del Estado de Honduras”.
Y la otra, desglosó, es la referente a la ratificación del acuerdo de nombramiento de los 21 representantes del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) y dos decretos que tratan sobre Impuestos Sobre Ventas (ISV).
“Por eso se ha tomado las primeras acciones dentro del Ejecutivo y el Legislativo, en una forma coordinada, desde el inicio de esta administración para derogar toda la normativa de las ZEDE”, amplió.
No obstante, García refirió que la ZEDE Próspera, cuyo CEO es el venezolano-estadounidense Erick A. Brimen, aprovechó la coyuntura de crisis electoral en diciembre de 2017 para emitir un documento que aún no se identifica donde se le garantiza estabilidad jurídica para 50 años, además de privilegios, canonjías (prebendas) y formas de administración, entre otras cosas.
“Sin embargo, nosotros consideramos que eso es totalmente ilegitimo, ilegal e inconstitucional, porque parte de un supuesto falso que es el de las reformas a la Constitución como algo válido y no lo es porque atentaban contra artículos intangibles e irreformables, conocidos por nosotros como pétreos. Es decir que no se pueden modificar más que por una Asamblea Nacional Constituyente o por un plebiscito”, ahondó.
De acuerdo con el funcionario, lo que la Próspera está haciendo “es ganar tiempo para que, si eventualmente avanza una consulta o arbitraje a su favor, poder argumentar que tienen más inversión realizada”. En ese sentido, criticó que hoy dan cifras que es diez veces más de lo que se notificó en marzo de 2021, pero que no se ve en la infraestructura.
Y fue contundente al mencionar que hace meses exigió toda la documentación relacionada respecto a regímenes especiales pues “ya no tienen existencia jurídica” para seguir sacando ganancia.
“Ahora algunas de ellas dicen que si se van acoger (a la Constitución) que debe ser beneficioso para ambas partes, como que si ellos fueran contratantes de un Tratado internacional y el Estado de Honduras, su contraparte; ese concepto no es posible en el Derecho Internacional público, los tratados internacionales son entre Estados no entre un empresario y un Estado”, concluyó.
En las últimas semanas Próspera ha divulgado publicidad en redes sociales y medios de comunicación sobre su beneficio en la economía nacional, señalando que son gestores de empleo y delegando funciones administrativas, la más reciente es el nombramiento del abogado Jorge Colindres como “secretario técnico”.
La campaña de esta ZEDE incluso abarcó un foro televisivo donde el director ejecutivo, abogado José Luis Moncada, sugirió al secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, instalar un diálogo con el Gobierno “a beneficio” de la nación.
Sin embargo, el funcionario fue claro al decir que el esquema de Próspera se creó “en el régimen anterior, donde se pasaron leyes también para favorecer la corrupción, narcotráfico”.
Deja un Comentario