La inoperancia del Fiscal General, Óscar Chinchilla (gráfica) para lograr condenas a políticos señalados por corrupción y narcotráfico, condiciones que lo tienen en la mira de un juicio político, justifica –según el Congreso– que la unidad anticorrupción del Ministerio Público, Uferco, haya sido reforzada con independencia judicial.
En este escenario, el abogado Rodolfo Dumas dice que es comprensible que los sectores que se encargaron de violentar la ley y “masacrar” el Estado de Derecho, se manifiesten preocupados, pues se romperá el pacto de impunidad.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El asalto criminal a la república y la brutal impunidad que imperó durante los gobiernos del Partido Nacional (de 2010 a 2022), ha sido la base para que el Congreso Nacional que preside Luis Redondo aprobara dar autonomía a la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco).
De acuerdo con el Informe Global de Crimen Organizado, Honduras está entre los 10 países con mayor incidencia y los índices de impunidad reflejan desinterés de los órganos encargados de hacer justicia, que por inoperancia han permitido, entre otras cosas, que políticos acusados por corrupción, sigan participando en contiendas electorales.
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Es en este contexto de impunidad que los hondureños conocen de justicia únicamente por los casos de narcotráfico llevados en la Corte del Distrito Sur de New York, en Estados Unidos; con mayor connotación los juicios celebrados contra políticos hondureños donde Juan Orlando y Juan Antonio “Tony” Hernández, tienen una especial atención.
Y es que aunque múltiples informes de la DEA y el Departamento de Justicia de ese país, denuncian una violenta conspiración para traficar droga, éstos sujetos no tienen ni una cuenta pendiente en Honduras.
De hecho, se conoció que el Ministerio Público (MP), que dirige el nacionalista Óscar Chinchilla, dio a conocer líneas de investigación contra el exgobernante Juan Hernández, para una posible evasión de la extradición que se concretó el pasado 21 de abril.
A esto se suma que aunque EE.UU. ya ha pedido incautación de bienes a “gran escala” sobre el patrimonio adquirido por Hernández y su familia desde 2004, a la fecha sólo se ha ejecutado un operativo que no terminó de convencer a la sociedad, pues la familia del extraditado aún tiene cierta comodidad incluso para pagar la campaña “Volverá”; de parte del Fiscal General, Chinchilla, no existe ni siquiera un pronunciamiento.
Precisamente, esta ha sido una de las razones por las que el Congreso Nacional ha planteado ejecutar un juicio político contra Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, también íntimo amigo de Juan Hernández.
Ante este escenario, el abogado especialista en derecho constitucional y gobernabilidad, Rodolfo Dumas, ha dicho a EL LIBERTADOR, que observa como un acto positivo el hecho que se le haya dado libertad de presentar acción penal a la Uferco, así como a otras direcciones de la Fiscalía, con el fin de realizar una lucha férrea contra la corrupción.
Es de recordar que hasta ahora, la unidad que comanda el fiscal, Luis Javier Santos, es la única que necesita permiso de Chinchilla y del Director de Fiscales para presentar acción penal contra corruptos, reforma que no ha caído bien al Partido Nacional y sectores que siempre han estado en controversia por apoyar la dictadura.
Dumas, recalca que la propuesta es noble; sin embargo, critica que lo único que no le parece correcto es haber definido su temporalidad, “darle este tipo de facultades y accionar al Ministerio Público o a una fiscalía en particular solo de manera temporal me parece que es una forma inadecuada de aprobar este mecanismo”.
“Se debió de establecer de manera permanente, independientemente de quien sea el titular de esa entidad”, resaltó el experto en derecho.
Del mismo modo, menciona que le parece irónico que la mayoría de las críticas a este decreto vienen de personas que en el pasado violentaron, los principios de legalidad y el Estado de Derecho.
“Es compresible ese nivel de preocupación sobre todo teniendo en cuenta el pacto de impunidad que existía especialmente a nivel de poder legislativo anterior donde se dieron acciones concretas incluyendo el abandono de la MACCIH (Misión Anticorrupción de OEA) del país”, apunta el togado.
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