Tras 70 horas con paro y tomas de carretera, el Gobierno de Honduras, el Cohep y el sector de transporte de carga pesada, han firmado un acuerdo para poner fin al conflicto y comprometerse a respetar la ley relacionada a las tarifas establecidas y crear condiciones de equilibrio.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer, en medio de momentos de histeria colectiva, el Gobierno, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el sector de transporte de carga pesada, acordaron el cese al paro y toma de carreteras firmando un compromiso a cumplir con ley relacionada a las tarifas establecidas.
Durante 70 horas los transportistas paralizaron el país denunciando que el sector privado no estaba cumpliendo con los pagos establecidos en la tarifa de 1.24 dólares –poco más de 30 lempiras– por kilometro recorrido que desemboco en acciones de calle en todo el territorio nacional.
Un informe oficial de la Policía Nacional, señaló que ayer durante la mañana se movilizó a 650 elementos para liberar la carretera CA-5, que conecta a la capital Tegucigalpa con el norte del país; además otros 450 antimotines se posicionaron en la ruta hacia Catacamas, Olancho; 500 en la vía hacia el sur del país; y otros 450 a lo largo del Litoral Atlántico.
Cabe recordar que en 2019 el Cohep presentó ante un juzgado de letras una acción de nulidad contra el Decreto que establece la tarifa de más de 30 lempiras por kilómetro, no obstante, ésta no progreso pese a estar activa porque la anterior Procuraduría General de la República no respondió.
Según el sector privado, al menos 44 empresas no estaban pagando la tarifa, y en conferencia de prensa el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, lamentó que sólo se les reclame “como si fuéramos Gobierno”.
Las autoridades del Cohep reportaron que en menos de un mes, producto de tomas de carretera en diversos puntos del país, se provocó pérdidas que superan los 6,300 millones de lempiras.
No obstante, para el atardecer del miércoles, todas las partes habían acordado desde la empresa privada el respeto a las tarifas; el Gobierno se comprometió a “establecer condiciones pertinentes con el propósito de mantener un equilibrio entre el sector privado que demanda servicios de transporte (usuarios) y los concesionarios del transporte que prestan este servicio”.
A continuación el acuerdo:
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