En 2017, el Gobierno de Donald Trump, en medio de crisis electoral, fue el primero en reconocer la imposición de Juan Hernández con la inconstitucional reelección presidencial y el fraude electoral que, según el informe de la DEA, fue patrocinado por el narcotráfico, al igual que en la contienda de 2013.
Este martes, Hernández ha cumplido cinco días de haber sido extraditado a EE.UU., país que lo acusa por tres delitos de narcotráfico.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras la extradición del exgobernante Juan Hernández, hace cinco días, la Fiscalía del Distrito Sur, con aprobación del Departamento de Justicia, liberó la investigación y argumentaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), donde señala que para mantener el poder político, se sobornó a capos de la droga para las elecciones en 2013 y 2017.
Lo anterior no sólo confirma que el Gobierno de Hernández fue un régimen de facto, sino también que el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) de David Matamoros Batson, cometió delitos para declararlo ganador en elecciones.
Con especial mención a las de 2017, ante una reelección prohibida en la Constitución de la República y que se instauró a punta de fuerza militar y muerte pues, según organismos de Derechos Humanos, al menos 50 personas perdieron la vida producto de la represión social contra la imposición continuista y los mañosos “votos rurales”.
Incluso, el pueblo hondureño no ha sido capaz de olvidar el apoyo que dio el Gobierno de Estados Unidos a la ilegalidad, pues la Encargada de Negocios de la Embajada, Heide Fulton, representante de Donald Trump, se prestó para hacer conteo de los votos planchados.
Según lo expuesto en la documentación de los federales estadounidenses, Juan Hernández planificó el fraude desde antes de las elecciones, pues éste habría revelado a varios capos de la droga que estaba “preocupado” de no alcanzar votos para vencer a la Alianza de Oposición –que hoy es Gobierno–, éstos le patrocinaron el capricho en una reunión privada donde habría prometido no extraditarlos.
El análisis que EL LIBERTADOR ha dado al documento oficial de los federales, indica que desde 2005 Hernández recibió de la estructura del narcotráfico un total de 4,665,000 dólares que, al tipo de cambio actual son 114,759,000 lempiras.
El dinero fue utilizado en campañas electorales de 2005, 2009, 2013 y 2017, también para comprar votos de diputados en su ascenso como presidente del Congreso en 2010, en esa ocasión su principal aportante fue el traficante, Víctor Hugo Díaz, alias “El Rojo”.
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