Ahora lo llaman “Fondo Social”; sin embargo, es el mismo obscuro “Fondo Departamental” del Partido Nacional; el diputado decidirá los proyectos, sólo que ahora el Congreso emitirá los pagos hasta por un millón de los 128 diputados propietarios y medio millón de los 128 suplentes; el Fondo fue aprobado previo al feriado de Semana Santa y el costo para los hondureños sería de 192 millones de lempiras. Algunos parlamentarios ven baja esa cifra.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La reactivación del tenebroso “Fondo Departamental” del Partido Nacional, así se siente que ayer en el Congreso Nacional (CN) creará el “Fondo Social”, a un costo para el pueblo de 192 millones de lempiras, sin más, ha sido causa de polémica entre la población hondureña debido a que con ese presupuesto se estaría volviendo a los vicios de corrupción muy comunes y descarados en el anterior gobierno nacionalista liderado por el extraditable Juan Orlando Hernández.
El denominado Fondo Social consiste en destinar un millón de lempiras a los diputados propietarios y 500 mil lempiras a los diputados suplentes, esto para que los parlamentarios realicen obras sociales en las comunidades que representan.
Es preciso recordar que el antecedente es el fatídico Fondo Departamental que el Partido Nacional aprobó desde 2009 y mantuvo durante 12 años, en ese tiempo desembocó en escandalosa e impune corrupción que cuestionaron duramente los que ahora aprueban el Fondo Social, por ejemplo, el primer caso de corrupción de los nacionalistas con ese proyecto lo presento la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), llamado “Red de diputados”, donde reveló que cinco congresistas desviaron el dinero a sus cuentas personales.
En tanto ayer lunes, el diputado suplente del departamento de Lempira por el partido Libertad y Refundación (Libre), Octavio Morales, informó sobre la activación de dicho presupuesto y aseguro que esta vez, este fondo se manejara de forma diferente a las anteriores administraciones.
Por su parte, el titular del Legislativo, Luis Redondo, manifestó al respecto, que hay mucha desinformación del tema, que la idea en el Congreso Nacional es derogar ese fondo con el que asegura se ha hecho corrupción; sin embargo explica que para hacerlo es necesario contar con al menos 86 votos de los parlamentarios.
“Son tres decretos los cuales se pretenden derogar, ya pedimos la opinión de la Corte y desde el 23 de diciembre se dio a conocer la creación de Fondo Social, proyectos sociales para que los diputados sean gestores de proyectos sociales, yo la verdad condeno el Fondo Departamental”, dijo Redondo, uno de los más fuertes críticos de la dictadura nacionalista en el parlamento liderada por Mauricio Oliva, Tomás Zambrano, “Toño” Rivera, Mario Pérez y demás compañía, sobre todo, del Partido Liberal.
Ahora Redondo asegura que no se pretende cambiar términos y realizar las mismas acciones, “no se está maquillando nada, ningún diputado va pedir dinero, las peticiones de un millón de lempiras y medio millón para los suplentes son peticiones, ningún diputado va tocar fondos los proyectos será de dominio público”.
En tanto, el diputado de Libre por Choluteca, Mauricio Rivera, asegura a través de un vídeo en redes sociales que antes de irse de vacaciones de Semana Santa, los congresistas aprobaron un presupuesto que equivale a un millón de lempiras para los 128 diputados propietarios y 500 mil lempiras para los 128 suplentes, que en total suma 192 millones de lempiras anuales y agrega que en esta ocasión el dinero lo administrará el Congreso Nacional (CN).
Cabe mencionar que el Fondo Departamental es un presupuesto que en administraciones pasadas era entregado a los diputados propietarios y suplentes con el fin de ser invertido en proyectos para cada departamento. En su momento esto fondo fue cuestionado duramente por diputados del partido Libre (los cuales hoy promueven su regreso), por considerarlo idóneo.
Cabe resaltar que en 2018 ese fondo fue eliminado en el marco del Congreso Móvil, instalado en Gracias, Lempira, bajo el argumento que sería distribuido en el pago del personal del Poder Legislativo.
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