De acuerdo con la activista social, Itsmania Platero, a diario entre 800 y 900 hondureños son registrados en albergues para migrantes ubicados en el cruce de Guatemala, y además, ha informado que varios ciudadanos ya están convocando para salir en caravana el próximo 15 de abril.
Platero ha señalado que pese al cambio de Gobierno, aún no se presentan políticas de ayuda que incidan directamente en prevenir la migración irregular; desde 2018 se registra al menos una docena de caravanas que, desde el primer momento, se calificó como un éxodo sin precedentes en la historia hondureña.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde que una persona es orillada a migrar, es porque se le violentan todos sus derechos humanos, así lo ha reflexionado la activista social Itsmania Platero, quien observa que pese al cambio de Gobierno aún no se ha adoptado una política de prevención a la migración masiva de hondureños a causa del hambre, la violencia y crisis sanitaria, entre otras cosas.
Platero ha confirmado que el próximo viernes 15 de abril saldrá del país una nueva caravana migrante con rumbo a Estados Unidos, la tercera del año después de la que se formó el pasado 15 de enero que si bien no captó tanta atención en la prensa nacional, preocupó a autoridades guatemaltecas y mexicanas.
“La gente no se está yendo solamente por la inseguridad, el desempleo y el hambre, sino también por el tema medioambiental. Hay lugares donde ya no hay producción, no hay agua; vamos a tener una hambruna bien marcada”, plantea la defensora de los migrantes.
Según documenta, este año ya son tres caravanas las que han salido, la segunda se documentó en febrero pasado y aunque fue invisibilizada por autoridades hondureñas –en el marco de la transición al Gobierno de Xiomara Castro– tuvo un fuerte impacto en la frontera sur de EE.UU:; al menos 8,000 migrantes se han registrado en las ciudades de Hidalgo y Tapachula, en México.
Estimaciones de Platero, a diario el flujo migratorio es de entre 800 y 900 personas que pasan por el cruce de Guatemala, pues éstos se auxilian en las oficinas de la Iglesia Episcopal y albergues para migrantes; la cifra podría ser más alta ya que pese a que algunas urbes como Tecomán, Estado de Colima realizan registros minuciosos, no logran contabilizar a las personas que van por “puntos ciegos”.
La activista social también cuestionó que en los últimos meses, las autoridades hondureñas han replicado el abuso del que son víctimas los connacionales que migran, pues cuando se trata de extranjeros se les obliga a pagar una cuota de hasta 210 dólares para emitir un salvoconducto e incluso ha conocido que oficiales de Policía cobran entre 20 y 100 dólares para dejarlos pasar por retenes.
Puntualiza que así sufren los hondureños en Guatemala y México, sobre todo en éste último que es el más cercano a EE.UU., y es que aunque los gobiernos de Joe Biden y Manuel López Obrador han prometido empleos para exiliados, es algo que no se ha cumplido y algunas autoridades en Tapachula, por ejemplo, piden pagos de “al menos 2,000 dólares para acceder a un hábitat humanitario”.
Agrega que actualmente el país presenta un remanente de 1,500 menores de edad que nadie ha podido localizar y por estos factores, sentencia que debe haber más presión del Gobierno de Xiomara Castro para que los países “hermanos” tiendan mano de forma efectiva y no atentatoria contra los Derechos Humanos de los desplazados.
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