En este trabajo de Periodismo de Datos, EL LIBERTADOR recorre el camino de Marco Antonio Ávila Alvarenga y sus relaciones con destacados personajes de la política hondureña; esta investigación no pretende acusar a los protagonistas de los hallazgos, sino, mediante pruebas, revelar a la sociedad cómo el crimen se ha entronizado en los huesos del aparato público y la necesidad de crear fuertes controles de transparencia, penales y electorales que eviten ya que el desarrollo del pueblo hondureño siga siendo el sacrificado en este desorden de país, con legislaciones incluso diseñadas por los corruptos y criminales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Hasta anteayer 13 de marzo de 2022, el nombre de Marco Antonio Ávila Alvarenga, era poco conocido. Para la mayoría de ciudadanos no tenía ninguna importancia pública y otros preguntaban quién es el empresario sampedrano por quien el Ministerio Público movilizó docenas de agentes de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) en conjunto con la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
El operativo bautizado con el acertado nombre de “MAGNATE” realizó once allanamientos de morada y cuatro inspecciones en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Yoro. Al mismo tiempo las autoridades coordinan el aseguramiento e incautación de nada menos 600 bienes inmuebles, nueve vehículos, 16 sociedades mercantiles, una aeronave y 38 cuentas bancarias. La operación se desprende de una denuncia hecha el 25 de mayo de 2015 por ser una persona dedicada al lavado de activos con vínculos en el narcotráfico.
En una investigación realizada de manera exclusiva por EL LIBERTADOR, les relataremos los vínculos que unían al empresario Marco Antonio Ávila Alvarenga con los gobiernos de los presidentes Porfirio “Pepe” Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, en especial con la exprimera Dama Rosa Elena Lobo Ávila, esposa de Porfirio Lobo (2010-2014)
“LA ROSA” DEL PROYECTO
Ávila Alvarenga era el propietario de la empresa mercantil Soluciones de Vivienda, S. A. (SOLVISA), fundada en 2011, desarrolladora social dedicada a la construcción, supervisión y promoción de proyectos habitacionales, especialmente proyectos de bajo costo y patrocinados por el Estado.
SOLVISA construyó una urbanización que llevaba el nombre de Ciudad Tecnológica “Rosa Elena de Lobo” ubicada al sur de la capital, en el lugar conocido como Los Charcos, aldea de Yaguacire, jurisdicción del Distrito Central.
“Marco Antonio Ávila, agradeció a la Primera Dama Rosa Elena de Lobo, por ser la impulsadora y por el constante apoyo que ofrece para que el proyecto se desarrolle a su cabalidad”, fue la cita textual del periódico Proceso Digital, del 18 de septiembre de 2012, al momento de inaugurarse el proyecto.
MONUMENTO FATAL
En un informe del departamento de Auditoría Interna del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) y publicado de manera exclusiva por diario La Prensa de la norteña ciudad San Pedro Sula, el 21 de abril de 2014, denunció que Ciudad Tecnológica “Rosa Elena de Lobo” era un monumento a la corrupción. El informe detalla que “las viviendas y el proyecto en su conjunto, presentaban deficiencias estructurales y uso de materiales de mala calidad que pusieron en riesgo las inversiones y los recursos de la institución en el mediano y largo plazo”.
En el proyecto habitacional, que para el momento de la denuncia se encontraba abandonado, el INJUPEMP invirtió 100 millones de lempiras en la compra de unas 200 viviendas para igual número de afiliados de la institución en la que están asociados empleados que laboran en el Gobierno.
En el informe de auditoría también se afirma que otras 1,300 viviendas fueron aprobadas por INJUPEMP para ser construidas en la ciudad de San Pedro Sula y cuyo complejo llevaría el sugestivo nombre de “Residencial mi Rosa”, apelativo que el exmandatario Lobo Sosa usa para referirse a su esposa Rosa Elena.
INJUPEMP RESPONSABLE
Las influencias de Ávila Alvarenga eran tan grandes que la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANDEPH) solicitó al directorio de INJUPEMP que omitiesen “todos los obstáculos legales y técnicos para que este proyecto se lleve a cabo”, incluyendo derogar los gastos por supervisión, avalúo, honorarios profesionales e impuestos de tradición.
Según consta en el informe de auditoría estas y otras “condiciones especiales” a favor de “Residencial Rosa Elena de Lobo” fueron avalados por el expresidente del directorio de INJUPEMP, Carlos Montes Rodríguez, y la exdirectora Martha Doblado, la que en ese momento se desempeñaba como asistente de la dirección ejecutiva y, que ahora, se halla prófuga tras ser involucrada por el preso y exdirector de Invest-H, Marco Bográn, en la estafa al Estado de Honduras en cerca 48 millones de dólares (1,200 millones de lempiras) en la compra de los hospitales móviles.
Montes fue condenado en diciembre de 2021 a un año de prisión por habérsele comprobado que recibió 150 mil dólares a cambio de agilizar los pagos correspondientes al contrato celebrado con la compañía de Servicios Múltiples (COSEM), C.A. Technologies y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Por su parte, Martha Doblado, antes de finalizar su gestión, se recetó 4 millones de lempiras en prestaciones.
LA PRENSA CAMBIA DISCURSO
La última vez que Marco Antonio Ávila concedió una entrevista a un medio de comunicación impreso fue el 2 de febrero de 2015, fue exclusiva a Diario La Prensa, el mismo medio que lo denunció afirmando que sus proyectos habitaciones eran “monumentos a la corrupción”. Tres meses después de la entrevista, Ávila Alvarenga fue denunciado lavado de activos, con vínculos en el narcotráfico.
JOH PLANEA CON ÁVILA
La entrevista se desarrolló durante el segundo año de mandato de Juan Orlando Hernández (JOH), Ávila mostraba su optimismo e interés por desarrollar proyectos habitacionales de tipo social ya que el mandatario Hernández “personalmente se ha involucrado para que se desarrolle este proyecto pidiendo a la banca nacional que apoye la iniciativa. Esperamos no fallen porque hay convenios firmados, pero hasta este momento no hay muchos bancos interesados en esta iniciativa”, dijo Ávila al referirse a los planes de construir viviendas de tipo social por parte del gobierno nacionalista de Hernández Alvarado.
En 2014 (gobierno de JOH) Ávila Alvarenga desarrolló un complejo habitacional denominado Residencial Bosques de Jucutama, con el acompañamiento de CONVIVIENDA y financiado por Banco Hondureño del Café (BANCAHFE) y el desaparecido Banco Continental.
EN TIEMPOS DE MADURO
En la misma entrevista a La Prensa, Ávila dijo que se dedicaba al rubro de la vivienda social desde 2002 en el gobierno del también nacionalista Ricardo Maduro Joest, en el que se construyeron los proyectos Real del Campo 1 y Real del Campo 2, ubicadas en San Manuel y La Lima, departamento de Cortés.
SOLVISA CAMBIA DUEÑO
La Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (Convivienda), reportó en su página digital que el 4 de mayo de 2017, Ávila dejó de ser el propietario de SOLVISA, constructor de Ciudad Tecnológica (antes Ciudad Tecnológica “Rosa Elena de Lobo”), ubicada a cinco kilómetros salida al sur de Tegucigalpa. Convivienda es una institución gubernamental que ofrece un bono a las personas de bajos recursos económicos para comprar viviendas a bajo costo y que obtenga un crédito para financiarla.
“CAJA CHICA DE LA DAMA”
Es de público conocimiento que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) realizó una investigación de presunta corrupción contra la exprimera dama de la república, Rosa Elena Bonilla y dos de sus cercanos colaboradores, y posteriormente judicializada por la UFECIC (ahora UFERCO) y la desaparecida Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
El caso se denominó “Caja Chica de la Dama”, en el que se presume sustrajo 16.8 millones de lempiras mediante la emisión de 70 cheques y supuestamente destinados a la compra de zapatos y uniformes escolares para niños y niñas empobrecidas, pero que fueron desviados a otros propósitos de beneficio particular.
ÁVILA SOCIO DE ROSA
En la exhaustiva investigación para conocer el destino que le dio a los recursos del Estado, se encontró que Rosa Elena constituyó el 29 de agosto de 2013 la empresa RMB Investments, con domicilio en San Pedro Sula. Figuran como socios de RMB Marco Antonio Ávila Alvarenga y Belford Jarquín Blandón. En distintas fechas de 2015, los accionistas cambiaron de propietario, aprobaron el balance general y cancelaron la inscripción de la sociedad.
En la sentencia contra Rosa Elena dictada el 4 de septiembre de 2019, el expediente TS/CNMC 12-2018 el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Materia de Corrupción indicó que mediante instrumento número 75 del 3 de septiembre de 2013, Marco Antonio Ávila Alvarenga, en su condición de Gerente General de la sociedad mercantil M&M Investments, S. de R. L., confirió “Poder Especial de Administración, Representación y Disposición a favor de Rosa Elena Bonilla Ávila, con la única finalidad de tomar decisiones sobre el inmueble propiedad de M&M Investments ubicado en la Torre I nivel 5 del Complejo Torre Metrópolis local 10507”.
El 4 de septiembre de 2019, Rosa Elena fue condenada a 58 años de prisión por tres delitos de apropiación indebida y ocho de fraude. Pero el 13 de marzo de 2020 la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió por unanimidad anular la sentencia, ordenó un nuevo juicio, aduciendo un mal procedimiento en el desarrollo del primer proceso, por lo tanto quedó en libertad a la espera de un nuevo fallo el miércoles 16 de marzo de 2022.
CHARLES FORD IMPLICA A ÁVILA
En un cable de Wikileaks fechado el lunes 6 de agosto de 2007, el nombre de Marco Antonio Ávila Alvarenga es mencionado por el entonces embajador de Estados Unidos en Honduras, Charles Ford. El diplomático expone las razones por las cuales fue cancelada la visa al exdirector de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), Marcelo Chimirri, funcionario del gobierno liberal de José Manuel Zelaya Rosales. Supuestamente Chimirri se prestó a la actividad ilegal conocida como tráfico gris.
Ford afirma que Chimirri chantajeó al nicaragüense Juan Carlos Morales Romero con cancelarle el permiso de operación de un centro de llamadas (call center) sino les entregaba 100 mil dólares mensuales, ya que descubrieron que se dedicaba al tráfico gris. Morales pagó la extorsión en efectivo por algunos meses al director legal de HONDUTEL, Danilo Santos y en otras ocasiones a Marco Antonio Ávila Alvarenga. Morales también visitaba a Ávila Alvarenga en su casa ubicada en Omoa, Departamento de Cortés.
FORD CITA CAMPAÑA DE “MEL”
En el mismo cable, Ford comentaba que Ávila fue un contribuyente clave en la campaña política de José Manuel Zelaya y que se rumoreaba que Zelaya utilizaba su helicóptero antes o inmediatamente después de ser electo presidente de la república 2006-2010.
En listado de Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de enero de 2013, Marco Antonio Ávila aparece como representante de una operadora de servicio de centro de contacto, conocido como Call Center, bajo el nombre de Americana de Inversiones, S. de R. L. Teléfono 2553-6990, Barrio Guamilito, SPS. En el mismo listado aparece como Marco Antonio Ávila Alvarenga, con teléfono 2221-9047, colonia Miraflores Sur, bajo la razón social de Grupo A, Comunicaciones, S. A. de C. V. No podemos asegurar que ambas compañías pertenecen a la misma persona.
VEA AQUÍ EL LIBERTADOR IMPRESO, FEBRERO 2022
A continuación galería de algunos de los bienes incautados a Marco Antonio Ávila:
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