Raúl Álvarez, uno de los miles de presos políticos de la dictadura, ha contado su historia a EL LIBERTADOR, tras un proceso de criminalización injusta del Hotel Marriott y “Burger King” del Grupo Intur; llevado a juicio tras una manifestación durante el proceso de insurrección civil a inicios de 2018 contra la imposición del fraude electoral e ilegal reelección presidencial.
Raúl pasó dos años en prisión de “máxima seguridad”, señalado como “terrorista”, fue torturado y maltratado, hoy con un semblante reflexivo aqueja que: “Lastimosamente la dictadura del narcotraficante Juan Orlando Hernández, arruinó nuestro proyecto de vida al mandarnos a la cárcel”.- Su abogada Kenia Oliva, criticó que la Corte no nunca realizó un juicio justo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Grupo Intur desiste de seguirme acusando porque saben que en el juicio los voy a vencer, además que desisten de las acusaciones para no seguir mediatizando el caso de los presos políticos”, así lo ha manifestado el ciudadano Raúl Álvarez, quien pasó los últimos cuatro años procesado judicialmente por salir en defensa de la Constitución de la República y la democracia.
Raúl, es uno de los miles de presos políticos que deja la dictadura del Partido Nacional, recientemente salió de “La Tolva” –cárcel de máxima seguridad– y en los próximos espera recuperar su libertad de forma definitiva.
En conversación con EL LIBERTADOR, Raúl ha detallado el extenso y duro proceso que afrontó en los últimos cuatro años de su vida. Recuerda que todo comenzó el 12 de enero de 2018, aquella fecha la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, convocó a una movilización con dirección a Casa Presidencial, en protesta contra la ilegal reelección de Juan Hernández.
Aquella tarde, efectivos policiaco-militares no pudieron contener a manifestantes en la esquina del Hotel Marriot en el bulevar Juan Pablo Segundo, los ciudadanos avanzaron a escasos metros del portón de entrada de la casa del Gobierno, desde allí comenzó el violento bombardeo de los uniformados.
Raúl recuerda que producto del enfrentamiento él terminó detenido, el arresto previsto para seis horas se convirtió en un calvario de cuatro años, pues una vez bajo custodia policial, el Hotel Marriott presentó cargos por incendio agravado, tentativa de asesinato en perjuicio de los huéspedes, daños agravados y uso de artefactos explosivos.
Cuenta que la misma acción ejecutó Grupo Intur con su cadena “Burger King”, quienes le acusaron por daño agravado; Raúl considera que las empresas actuaron en complicidad ejerciendo su influencia en el Poder Judicial para inculparlo sin pruebas suficientes y para que se abrieran dos expedientes por los hechos de ese día.
“El caso del hotel Marriott lo enviaron para el Juzgado con Jurisdicción Nacional y el de Burger King lo mandaron para la Juzgado de Letras y, de esta manera, me hicieron doble criminalización y un doble juicio”, apunta.
El hondureño relata que los primeros dos años, mientras se mantenía en detención provisional, fue enviado “La Tolva”, donde fue víctima de tortura y malos tratos; en los últimos dos años pasó con medidas cautelares, distintas a la prisión y no fue hasta septiembre pasado que el juez que lleva el caso del hotel, otorgó su carta de libertad.
“Lastimosamente la dictadura del narcotraficante Juan Orlando Hernández arruinó nuestro proyecto de vida al mandarnos a la cárcel, aquí estamos tratando de limpiar mi nombre”, dice con sentimientos que van desde la tristeza a la molestia y furia.
Raúl menciona que ahora sólo espera una audiencia el 13 de mayo donde el juez a cargo del caso de Burger King, le dicte ser absuelto de los cargos. “Allí está la evidencia más clara, si yo fuera culpable ellos no hubieran desistido de la acusación, no quisieron seguir porque saben que, con base a prueba, ellos no me pueden derrotar, por eso desisten del caso”.
Anqué el hondureño no fue beneficiado por la amnistía política que aprobó el Congreso Nacional, que ha sido criticada por los grupos de poder y prensa corporativa que promovieron la criminalización de la protesta social desde el golpe de Estado en 2009 y que hasta ahora es mal utilizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), él observa que es una ley que impedirá más injusticias como en su caso.
“La amnistía sí es importante para los compañeros que no pueden defenderse con garantías constitucionales y con la debida forma; hay compañeros que no tienen abogados que se puedan enfrentar contra los jueces que se han ensanchado con la protesta social, para mí es muy importante por todos los campesinos y ambientalistas, personas que en verdad han sufrido persecución política”, resalta.
Finalmente, Raúl asegura que una vez que obtenga su carta de libertad deliberara con sus abogados, Edy Tabora y Kenia Oliva, miembros del Bufete de la Justica para los Pueblos, si demanda al Estado de Honduras por los daños físicos y psicológicos de los que fue víctima.
“La carta de liberad no me devuelve todo lo que perdí, mi proyecto de vida, mi hija y casi mi familia, solo porque me acusaron sin ninguna prueba científica, es lo mismo que pasó con los compañeros defensores del ambiente de Guapinol ya que al no haber suficiente carga probatoria los juicios quedan como nulos”, sentencia.
La abogada Kenia Oliva dice a EL LIBERTADOR que por el caso del hotel Marriot también se encarceló al joven Edwin Espinal, quien ha sufrido persecución desde el golpe en 2009 e incluso sufrió en lo más íntimo tras perder a su pareja sentimental de entonces, Wendy Ávila, quien murió producto de represión en una de las marchas de “la Resistencia”; él también quedó libre en septiembre pasado por falta de pruebas.
“Lo que hizo Burger King fue desautorizar a la Fiscalía para continuar la acusación, fue una decisión de los ejecutivos de la empresa según lo que dice el escrito”, explica la togada.
Y agrega que: “Ellos lo hicieron porque no hay nada para incriminar a estas persona, el Ministerio Público sabía que no había nada, nosotros íbamos serenos, y entonces Burger King al ver fracaso del Hotel Marriott, decidió desistir”.
Tras la aprobación de la amnistía política que ha sido atacada mediáticamente, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) –ente social avalado por el Congreso para emitir actas a favor– ha presentado decenas de recursos a favor de campesinos, activistas sociales y exiliados; hasta ahora sólo algunas han sido aceptadas por la Corte que ya liberó a dos políticos señalados por corrupción.
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