La coordinadora del Cofadeh, Berta Oliva, ha criticado que llamar “pacto de impunidad” a la amnistía que aprobó el Congreso con relación a los hechos del golpe de Estado de 2009, es seguir el juego a los grupos que orquestaron la ruptura del orden constitucional y avalaron la dictadura del Partido Nacional y los crímenes de lesa humanidad en los últimos 12 años.
La destacada activista social ha criticado que un pacto de impunidad sería el no retomar como tema de país la violación sistemática de derechos humanos, la criminalización de la protesta social, los asesinatos, persecución judicial y demás atentados que se dejó pasar en la dictadura.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ya es oficial, habrá investigación contra los que orquestaron el golpe de Estado en 2009 y, que en medio de los baños de sangre, secuestraron la República de Honduras por 12 años en una de las dictaduras más crueles de la historia, que heredó una nación violenta, miserable y hostil contra su pueblo.
Este sábado se ha publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el proyecto de ley que permite la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), además de una Comisión de Investigación sobre los hechos del golpe de Estado y sobre los que aprobaron y avalaron la inconstitucional reelección presidencial.
También, ya es ley la Amnistía para la Liberación de Presos Políticos y los Presos de Conciencia, decreto que sólo ha sido tema de controversia en foros de prensa tradicional que se apoya en analistas que siempre han sido “voces del poder” para llamar “pacto de impunidad”, a un proyecto de reivindicación de derechos indispensables y reconstrucción de la República.
Los críticos de esta ley se han basado en que la amnistía se vincula a casos de corrupción de los funcionarios del periodo 2006-2009, cuando la presidencia estuvo a cargo de Manuel Zelaya; sin embargo, el Congreso ha sido claro que se trata de un indulto a las víctimas del golpe de Estado y que para no generar impunidad se aprueba la veeduría del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la Secretaría de Derechos Humanos del nuevo Gobierno.
La posición de los diputados es clara, no habrá amnistía para posibles actos de corrupción, sino únicamente perdón sobre crímenes que fueron adjudicados por el régimen de Roberto Micheletti y durante los Gobiernos del Partido Nacional.
Sobre el tema, EL LIBERTADOR entrevistó con la coordinadora del Cofadeh, Berta Oliva, que, como punto de partida, ha criticado que todo lo que se ha generado a partir de esta ley repercute en una “serie de especulación con manipulación del sentido de la propuesta, porque siempre los grupos de poder y los grupos facticos”.
Oliva cuestiona que esta élite favorecida por la dictadura, ha querido decidir siempre quién vive, quién muere y quién recibe beneficios, porque les ha permitido multimillonarios negocios con la autoridad política; y es que es un secreto a voces que el alto mando del país siempre ha sido patrocinado por un grupo económico, militar y religioso.
“Lo otro es que hay un Interés real que la gente olvide el pasado, seguir demostrando el poder que tienen los grupos facticos en Honduras para continuar haciendo lo que hasta ahora se hizo”, amplia.
La defensora de la vida menciona que un punto clave del decreto es que se da amnistía a partir de los hechos del golpe de Estado, pero todo lo informado en prensa tradicional manipula el origen de la ley. Ante esto, dice que se realizará un registro de los requerimientos fiscales en tribunales a funcionarios del Gobierno de Zelaya, porque muchos de los crímenes que se adjudican fueron librados dos días después de que se ejecutó la ruptura constitucional.
Agrega: “Eso es lo que se llama persecución política, utilizando todo el sistema de justicia en contra de ellos, pero igual hay que estar clarísimo que lo que dio el golpe y la dictadura nunca se ocultó, porque las violaciones de los derechos humanos se han venido gestando en público, en las manifestaciones y en todo lado”.
Además, aplaude que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya admitió la demanda contra el Estado hondureño por los actos salvajes durante el golpe de Estado y todo lo que se sufrió después del 28 de junio de 2009.
Tras el asalto al orden constitucional, informes especializados de Derechos Humanos han documentado cientos de asesinatos, persecución judicial y criminalización de la protesta social. Por ejemplo más de 90 periodistas fueron asesinados tras el golpe de Estado, la mayoría trabajaba para medios independientes; también más de 160 defensores del medio ambiente fueron ejecutados, entre ellos destaca Berta Cáceres; y miles han sido procesados por participar en protestas.
Oliva hace mención que desde 2009 a la fecha, 3,000 campesinos están con proceso judicial activo con calificativos de delitos alternos para que no parezca que son perseguidos políticos, “pero en el fondo todo se trata de eso”.
Destaca que con el decreto lo que hay es “una acción donde se ha dado a conocer que inicia un proceso de reivindicación de derechos y por supuesto refleja las terribles mezquindades que aún hay y la no aceptación de hacer un Gobierno diferente”.
La defensora, que ganó valía por su lucha para condenar las desapariciones forzadas durante la década de 1980, ha aconsejado a los supuestos analistas que lean de forma detenida el decreto y traigan a la memoria los crímenes de lesa humanidad a los que siempre fueron indiferentes en sus opiniones.
“No puede pasar desapercibido o decir que es un acto de impunidad los más de 145 asesinatos que se generaron en con el golpe de Estado, ese si es pacto de impunidad al ver que las cosas pasaran y no se hiciera nada”, concluye.
Cabe señalar que ante el sollozo de diputados nacionalistas, uno de los últimos golpes del anterior Congreso se relaciona al blindaje con el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ya que mientras esta institución audite a los funcionarios el Ministerio Público no podrá presentar requerimientos, esto fue ampliado durante cuatro años.
Deja un Comentario