El secretario de Economía del nuevo Gobierno, Pedro Barquero, ha estimado que el subsidio para 1.4 millones de hondureños en condición de pobreza que consumen menos de 150 kilovatios, costará unos 300 millones de lempiras; frente a este escenario, analistas económicos recomiendan la revisión de exoneraciones y los negocios de la administración anterior para reducir los efectos negativos.
La Secretaría de Finanzas cuenta con registro de 7,534 empresas, organizaciones y fundaciones con exoneraciones, lo que significa que el Gobierno deja de percibir más de 43,000 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Esta semana la presidenta Xiomara Castro ha confirmado que ya está listo el proyecto de reforma a la Ley General de la Industria de Energía Eléctrica para subsidiar a 1.4 millones de hondureños en condición de pobreza que consumen menos de 150 kilovatios al mes.
En este contexto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, ha reportado que el Gobierno deberá cargar con unos 300 millones de lempiras para beneficio de la población que recientemente ha sido “asaltada” con los paquetazos aprobados en el primer trimestre del año anterior.
Barquero fue enfático que el nuevo subsidio será medido y monitoreado para que ese dinero que no pagará la población, equivalente a unos 834.81 lempiras, según lectura del pasado 18 de enero, se traducirá en mejorar las condiciones de vida de los más pobres.
El funcionario fue enfático al mencionar que será obligación instalar unos 300 mil medidores a hogares que no cuentan con ellos o están en mal estado y no se hace una medición correcta, ampliando que no existe una proyección confiable y fuerte en el país.
Cabe señalar que antes de asumir el nuevo Gobierno, Barquero vaticinó que los cortes de energía, previstos entre abril y agosto, serán inminentes, ya que se requiere una inversión de unos 20,000 millones de lempiras, recursos que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y que según la ley energética, se deben solicitar con cinco años de anticipación.
Lo anterior significa contratación de más deuda con el riesgo que, ante una emergencia, se tenga que comprar energía a precios sobrevalorados.
En este contexto, el analista destacado económico, Julio raudales, dijo a EL LIBERTADOR que los subsidio provocan impactos negativos en la economía del país, ya que se pasará esta carga a los empresarios y comerciantes.
“Los subsidios generalmente son dañinos porque generan distorsiones en el mercado y problema fiscal, de tal manera que van a aumentar los precios y afectaran a los más pobres, en vez de beneficiarlos”, indicó.
Cabe mencionar que en Honduras la mayoría de las grandes empresas se libran del pago de impuestos, de acuerdo con el portal de la Secretaría de Finanzas, actualmente son exoneradas 7,534 personerías jurídicas, que compete a empresas, organizaciones sociales, fundaciones y más.
Sólo del rubro de energía Finanzas documenta 613 registros, lo que simboliza más de 43,000 millones de lempiras en impuestos que se deja percibir.
Al respecto, el economista investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo en Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, ha dicho a este periódico que se necesita una solución técnica, estructural e integral de todo el sector energético: “Hay que plantear una propuesta de largo plazo, de inversión pública pero sobre todo el retorno de lo público”.
Zepeda siguió diciendo que de manera inmediata “los subsidios solo profundizan la crisis financiera” puesto que, se convierte en una carga del Estado y al estar tan débil en lo financiero compromete la estabilidad económica.
Por lo anterior, ha instado a que se busquen soluciones integrales: “Fomentar proyectos de generación de energía pública, revisar los contratos de generadores privados, cambiar la matriz energética y revisar contratos”.
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