El poder popular se manifiesta en el Ejecutivo, sin embargo, las redes de corrupción, el crimen y la élite económica –fortalecidos en la dictadura– han ejercido influencia muy fuerte para que la crisis del Congreso Nacional no sea resuelta, según explica el abogado, Joaquín Mejía.
Y es que han transcurrido diez días desde que comenzó el conflicto en el Legislativo, luego que se juramentara dos directivas en paralelo, una apoyada por la presidencia y el pueblo, encabezada por Luis Redondo; y la otra respaldada por los nacionalistas y el “orlandismo” que preside el disidente Jorge Cálix.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La crisis en el Congreso Nacional (CN), se trata de un problema político y no jurídico, ha observado el abogado especialista en Estado de Derecho, Joaquín Mejía, quien además señala que los grupos de poder que han gobernado en los últimos 12 años, presionan para que éste se alargue y, de esa manera, se detenga el proyecto político de reforma a negocios que han firmado con el Estado.
Desde el pasado 21 de enero Honduras afronta una crisis legislativa luego de la elección de dos directivas paralelas, una encabezada por el diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo, que es reconocida por el Poder Ejecutivo y el pueblo hondureño, basados en lo establecido en el “Acuerdo Bicentenario”, firmado con Libertad y Refundación (Libre), Innovación y Unidad (Pinu) y otros movimientos en oposición a la dictadura.
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La otra junta directiva, responde al proyecto avalado por el exgobernante, Juan Hernández y la bancada del Partido Nacional que presiona incluso con la Corte Suprema y Ministerio Público para reconocer al disidente de Libre, Jorge Cálix, como presidente legítimo del Congreso.
Cabe destacar que el resto de congresistas de Libre que apoyan a Cálix, dejaron entrever, a través de un video que se filtró en redes sociales, que ya tienen nexos con la bancada Liberal e insólitamente algunos hasta han justificado acciones de los nacionalistas que sólo terminaron en proyectos nocivos para la población.
En este escenario, el abogado Joaquín Mejía explicó a EL LIBERTADOR que si la crisis legislativa entra a resolverse dentro de lo jurídico, ésta sólo se agudizará, porque se trata de un asunto “que debe de arreglarse de manera política porque hay que recordar que el Congreso es la representación de la sociedad ya que está conformado por distintos partidos políticos”.
El togado siguió explicando los enclaves autoritarios que se apoderaron del Congreso en el Gobierno anterior, siguen activos y pretenden generar incertidumbre sobre las medidas que la presidenta Xiomara Castro ejecute en favor de los hondureños.
Mejía ha citado ejemplos de proyectos sociales que deben pasar por el Congreso, como es el caso de la derogación del “Código de la Impunidad”, la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), pactos de impunidad y los monopolios entregados en la agonía del periodo Hernández.
Detalló que aunque de momento el Gobierno tenga apoyo del poder popular, hay otros sectores ligados al crimen, redes de corrupción y grupos económicos que salieron fortalecidos con la dictadura nacionalista que tienen gran interés con las ZEDE y otros proyectos, y por eso ejercerán mucha presión.
Mejía es del criterio que salida a esta problema debe ser a través del diálogo, para que los diputados disidentes reconozcan que actuaron de manera antiética, “por tanto si esta junta está viciada de nulidad todo lo demás también”.
Sentenció que es deber del pueblo hondureño y de la comunidad internacional incidir pasivamente en este conflicto: “Estados Unidos, puede utilizar sus influencias porque tiene incluso el poder de poner fiscales, como lo hizo con Óscar Chinchilla; también tuvieron el poder de apoyar dictadores”.
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