El Consejo de la Empresa Privada ha emitido un pronunciamiento donde señala que el proyecto que dará el Congreso a Grupo EMCO, que preside Lenir Pérez en sociedad con su esposa Ana Facussé, protagonistas del controversial aeropuerto Palmerola, incumple principios de legalidad y extiende el monopolio; el documento Legislativo dicta un multimillonario beneficio a la sociedad mercantil, Puente Alto Energy.
“El proyecto que pretende aprobar el Congreso Nacional, no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial”, dicta la postura de los industriales del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Por si no fue suficiente con haber entregado el proyecto de Palmerola y el control de Toncontín al Grupo EMCO que preside el controversial empresario, Lenir Pérez, diputados del saliente Gobierno 2018-2022, estarán entregando más riqueza con contratos de energía y negocios en el sector portuario.
Pérez ha sido el protagonista de la insólita estafa del Aeropuerto Internacional Palmerola, aeródromo construido con grandes desventajas para la previsión social de los hondureños que además, fue entregado a destiempo e inaugurado sin haber terminado obras; y, por si fuera poco, el Estado ha cargado con todo el peso de la inversión, poco más de 2,300 millones de lempiras.
Y mientras el grupo empresarial y el saliente gobernante Juan Hernández celebran el “éxito” de Palmerola –tras haber cerrado Toncontín de la capital para vuelos internacionales–, los maestros ven en zozobra puesto que el plan es sacar del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema) unos 3,000 millones de lempiras para pagar la deuda de Grupo EMCO.
Cabe señalar que el “empresario” Lenir Pérez también ha sido reforzado por el sistema de justicia para alcanzar el éxito en sus negocios, ya que a través de la empresa minera, “Inversiones Los Pinares”, se han encargado de criminalizar a los defensores del Río Guapinol, en un caso ya de connotación mundial.
Pérez maneja “Los Pinares”, junto a su esposa Ana Facussé, hija del extinto magnate Miguel Facussé, un viejo conocido del Valle del Bajo Aguán por la persecución, hostigamiento y matanza de campesinos.
Hace diez días, el Congreso Nacional otorgó a Grupo EMCO un contrato de servicios de rayos X en aduanas de Puerto Cortés, con beneficio de 25.7 millones de dólares (629,650,000 lempiras) por 13 años.
Grupo EMCO controla los negocios de Alutech, Palmerola y Adimex S.A., esta última maneja la terminal de carga del aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Toncontín de Tegucigalpa y un inmueble en el Puerto de San Lorenzo.
Y es que en el paquetazo de proyectos que aprobará el Congreso se estaría ejecutando una reforma para otorgar permisos a la central eléctrica Puente Alto Energy S.A., para que utilice combustibles nocivos para el ambiente y la salud. Según el diputado Luis Redondo: “Se pretende incentivar el retorno de la energía a base de carbón, es decir, madera”.
De acuerdo con las disposiciones emitidas en el borrador del dictamen, se trata de un negocio de 16,000 millones de lempiras y aunque cuenta con el apoyo del Consejo Nacional de Inversiones (CNI), no ha sido autorizado por la Secretaría del Ambiente.
Al respecto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), ha emitido un pronunciamiento siendo enfáticos que como ente representante de los industriales, instan a que toda inversión debe estar dentro del marco de legalidad.
De forma contundente el Cohep revela que: “El proyecto que pretende aprobar el Congreso Nacional, no cumple con los principios de legalidad ni se enmarca dentro de los principios de integridad empresarial”.
Vea a continuación el pronunciamiento íntegro:
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