Esta martes se ha presentado ante la Corte un recurso de inconstitucionalidad contra un decreto del Presupuesto General 2022 que asigna una millonaria cantidad de dinero para el pago de prestaciones a funcionarios del saliente Gobierno de Juan Hernández; según la justificación, esta medida atenta contra la Carta Magna, el régimen laboral y el sentido de justicia de la nación hondureña.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Diversas organizaciones especializadas han emitido un análisis jurídico del decreto legislativo que contiene el Presupuesto General de la República para el ejercicio 2022, el cual contempla una multimillonaria suma de dinero para cancelar prestaciones a funcionarios del Gobierno saliente, pese a que la Ley de Servicio Civil los inhabilita.
En este escenario, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon Herrera, se apersonó este martes a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 129 del decreto en mención para que los hondureños no tengan que pagar a los “cuadros de confianza” de Juan Hernández.
Según expone el congresista, la ley es clara y no da paso a interpretación, y, por tanto este último golpe del régimen Hernández atenta contra la justicia, los principios del régimen constitucional, financiero y laboral.
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El documento presentado por Herrera, apunta que “sólo queremos dejar al descubierto el ambiente de MALICIA Y CONSCIENCIA DE LA INJUSTICIA IMPREGNADAS DE DOLO con que se concibió la norma cuestionada”.
Y es que aunque la Ley General de la Administración Pública, la Ley del Servicio Civil contradicen lo exigido hace unos días por el canciller Lisandro Rosales, el Congreso secundó pagar derechos laborales que no se ajustan porque los cargos desempeñados son “cuadros de confianza” de quien ostenta la titularidad del Poder Ejecutivo.
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“Lo constitucional no es ajeno a lo político. De ahí la denominación de nuestra norma fundamental ‘Constitución política’, bajo esta percepción no puede escapar de la realidad en qué ambiente y espacio temporal se propicia el régimen cuestionado, y es precisamente justo cuando en el país se avizora cambio de gobierno, pretendiéndose favorecer a Empleados y Funcionarios del servicio excluido de la administración pública”, recalca el documento.
El recurso es enfático en que está demostrada la infracción al sistema jurídico, constitucional, financiero-laboral y el valor consagrado de la Justicia.
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