La Dirección Policial de Investigación (DI), ya ha ejecutado la detención de cuatro personas que habrían alterado resultados para favorecer a candidatos de elección popular, de momento diez personas enfrentan a la justicia por delitos electorales; sin embargo, el Ministerio Público aún no ha emitido orden de captura contra políticos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Fiscales adscritos a la Unidad Contra los Delitos Electorales y elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), ya han arrestado a cuatros personas por suponerlos responsables de la falsificación de documentos electorales.
Esta mañana, a inmediaciones del Bulevar Morazán de la capital Tegucigalpa, los agentes detuvieron a Rossel Dagoberto Cárdenas, quien se desempeñó como presidente de la Junta Receptora de Votos (JRV) No. 10331 del centro de votación ubicado en la Facultad de Ciencias Médicas. Horas más tarde un juez competente dictó medidas distintas a la detención judicial.
La segunda detención fue ejecutada contra Vanessa Lisbeth Hernández, a quien se le supone responsable de cometer delitos electorales en la JRV No. 10414, instalada en la escuela “Vida Abundante” de la capital, donde “sirvió” como secretaria propietaria, representando al Partido Nacional.
DE INTERÉS: FISCALÍA EMITE MÁS ÓRDENES DE CAPTURA PARA ELECTORES DEL CRIMEN
Y en la última detención este día, se aprehendió a Orestes Rocío Casula, representante de los nacionalistas en la JRV No. 8844 del Instituto Técnico Cultura Popular, teniendo que presentarse audiencia inicial el próximo 17 de enero.
Cabe señalar que el pasado 22 de diciembre las autoridades arrestaron al joven, Norman Rivas, de 22 años de edad, quien asumió un cargo en las JRV para beneficiar a candidatos nacionalistas y fue el primer detenido acusado de cometer delitos contra la democracia en la contienda del pasado 28 de noviembre.
En total son diez las personas que tienen en su haber procesos penales por la supuesta comisión de delitos electorales, no obstante, la Fiscalía no ha emitido órdenes de arresto contra políticos que fueron beneficiados por la vulneración de documentos en los comicios.
Hasta el momento sólo se ha presentado a declarar el exsecretario de la presidencia, Ebal Díaz, quien luego del escrutinio especial del Consejo Nacional Electoral (CNE), quedó eliminado del Congreso Nacional.
Según el Código Penal de Honduras, los delitos electorales tienen una pena carcelaria de hasta ocho años, así como la pérdida de la ciudadanía mientras esté cumpliendo la pena. Hasta el momento autoridades de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirman el ingreso de tres requerimientos fiscales por los delitos antes mencionados.
Deja un Comentario