El líder evangélico y asesor de la dictadura Hernández, Alberto Solórzano, esta mañana ha reaccionado a las críticas en su contra por exigir perdón a los incontables delitos del régimen saliente, afirmando que los humanos no pueden hacer justicia. La experta abogada constitucionalista, Maribel Espinoza, ha aclarado a Solórzano que «el perdón viene de Dios, pero en un Estado de Derecho se aplica la ley».
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “A quienes dicen que sin justicia no puede haber paz, pues hermanos, los seres humanos no tenemos la capacidad de hacer esa justicia. Si eso hubiese sido posible, Jesús no hubiese venido”, así ha reaccionado el pastor evangélico y asesor del régimen de Juan Hernández, Alberto Solórzano, luego de ser reprendido por la sociedad hondureña tras su petición de perdonar los incontables crímenes de la dictadura.
Lo anterior fue compartido en su prédica matutina en el canal oficial del Centro Cristiano Internacional (CCI) que dirige junto a otro grupo de líderes religiosos, en su mensaje Solórzano reprochó que todos los humanos “somos pecadores y hemos necesitado de la gracia del señor”.
El cuestionado evangelista dijo que muchos que señalan tienen conductas grotescas que no les autoriza “agarrar del cuello a los demás”, y que la sociedad no funciona así.
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“Hay cosas que uno hace que no son populares, hay cosas que uno dice que no son populares; pero están apegadas a lo que Dios piensa. Hay una clase religiosa que habla de tratar, de golpear, de señalar”, amplió Solórzano.
El pastor ha estado en la mira de los hondureños que no comparten su visión de “reconciliación” e impunidad sobre crímenes de lesa humanidad y golpes de corrupción que significaron la muerte para miles de personas, por ejemplo, en el tema de salud con la estafa al Seguro Social y los hospitales móviles.
Por otro lado, la sociedad ha puesto en duda el papel de Solórzano como representante de Sociedad Civil y depurador de la Policía Nacional, ya que en este cargo separó a oficiales con trayectoria destacada como Ricardo Ramírez del Cid y Ramón Sabillón –recién retornado al país para incorporarse al nuevo Gobierno–; y, en cambio, avaló a otros como Leonel Sauceda, que tienen cuenta pendiente con la justicia por lavado de activos.
Sauceda fue ascendido en enero de 2020 al alto grado de comisionado general de Policía, sólo un mes después fue arrestado y, siendo procesado, no ha podido justificar, en un periodo de 11 años, 13.8 millones de lempiras registrados en 13 cuentas bancarias a nombre suyo.
Por su parte, la esposa de Sauceda, quien según el Ministerio Público no tenía empleo, negocio o préstamo para generar algún ingreso, no pudo justificar 2.7 millones de lempiras, luego de varios movimientos financieros de 7 millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin determinar el origen del capital.
Al momento de su captura, el pastor Solórzano dijo que Sauceda “es un buen hombre”, confiando en que pueda demostrar que no es culpable de lo que se le acusa.
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