Durante la desesperada sesión de ayer, el Congreso Nacional no se cansa de destruir Honduras, aprobó 15 dictámenes, entre los que están un bono por 70 millones de lempiras para transportistas que han apoyado la campaña política del Partido Nacional, reformas en ley de pensiones, contratos de compra para las ZEDE, construcción, y contratos que “amarran” al atraso a la capital a los viejos monopolios por 30 años en el manejo de los desperdicios y el agua potable.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. De forma desesperada y sin alcanzar quórum, el Congreso Nacional aprobó 15 dictámenes, en altas horas de la noche del pasado miércoles 22 de diciembre. La mayoría de lo aprobado compromete las finanzas del próximo Gobierno en forma de compras, bonos, reformas a ley y aprobación de contratos leoninos, en un claro intento por limitar la capacidad del próximo Gobierno, según denuncian diputados opositores y sociedad civil.
En ese contexto, se aprobó un fideicomiso por 30 años para la contratación de administración de recursos en los contratos para el manejo del agua potable y los desechos sólidos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, lo que afecta directamente a las finanzas y decisiones de administración del próximo alcalde, Jorge Aldana.
De la misma forma, se aprobaron 70 millones de lempiras para el pago de bonos compensatorios para el sector transporte, la aprobación de licitaciones para la construcción de una represa y una planta de saneamiento, equipo médico y mobiliario para la alcaldía capitalina, mismos contratos que podrán ser renovados hasta 7 años sin aprobación del Congreso, vía moción del nacionalista Edwin Gómez.
También se aprobaron dos decretos impulsados por el diputado nacionalista Samir Molina, uno fue la Ley de Promoción y Fortalecimiento del Mercado de la Industria Eléctrica y la intervención del Sistema Penitenciario Nacional hasta el 28 de febrero del 2022. Añadido a reformas en la ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).
La diputada Doris Gutiérrez afirmó que será tarea del próximo Congreso devolver el Estado de Derecho y revertir lo aprobado. Sin embargo ve en ello un intento por dejar “amarrado” al próximo gobierno sobre todo en el factor económico, en forma de contratos que calificó de abusivos y leoninos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció el irrespeto al quórum (mínimo de diputados para realizar la sesión) y, que en un constante irrespeto a la ley, no se tomó en cuenta la iniciativa ciudadana para derogar la inconstitucional Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
Además, varios diputados denunciaron no recibir los dictámenes para socialización, por lo que la reunión se asemejó más a una “misa negra” que a una sesión de parlamento. La diputada liberal, Karla Medal, denunció que no se informó qué se sesionaría: “no nos han enviado, dos horas después de haber sido convocados (5 P.M.) para la sesión virtual de este día, la agenda y los dictámenes que pretenden someter a discusión y aprobación».
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