La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de ONU, ha manifestado preocupación ante los desalojos que ordenó el Poder Judicial en el conflictivo Bajo Aguán, ubicado a unos 430 kilómetros al norte de la capital Tegucigalpa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Según reportes de defensores de derechos humanos, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha emitido órdenes “ilegales” para desalojar campesinos en la zona del valle del Bajo Aguán, situación que ha causado alta preocupación en organismos internacionales como la ONU.
Este día, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), ha expresado su inquietud con los desalojos en el Bajo Aguán, ubicado a unos 430 kilómetros al norte de la capital hondureña Tegucigalpa.
Según la información, la Policía Nacional ejecutará un despliegue masivo desde hoy hasta el próximo martes 21 de diciembre, “vinculados a las reformas penales vigentes desde el 1 de noviembre, que ampliaron la aplicación del delito de usurpación y el uso de desalojos en el ámbito penal”.
“La Oficina ha señalado que dichas reformas son contrarias a obligaciones del Estado de Honduras en materia de DDHH, generarían un grave precedente en el tema y podrían agravar la situación de conflictividad por el acceso a la tierra, particularmente para grupos campesinos”, señala un tuit oficial de ONU.
Y sentencia que tanto OACNUDH como la unidad de Procedimientos Especial en DDHH, “han instado al Estado hondureño a evitar el uso del derecho penal para abordar dicha conflictividad y a reorientar su enfoque hacía las condiciones estructurales que subyacen al acceso a la tierra”.
Otros portales como “Guapinol Resiste”, han denunciado que el desalojo del Aguán ha sido ordenado por los mismos jueces que han caído con “mano pesada” sobre los activistas del campamento Guapinol en Tocoa, llevado a juicio por la empresa minera “Los Pinares”.
DE INTERÉS: HONDURAS / ZAMBOS DE SANGRE Y EL DILEMA DE JOH, ORTEGA O BIDEN
Cabe señalar que esta empresa extractivista, es propiedad del matrimonio Lenir Pérez y Ana Facussé, ésta última hija del extinto empresario Miguel Facussé, quien instaló la crisis en el valle que ha cobrado la vida de cientos de campesinos.
Medios de comunicación locales han reportado que algunos campesinos han desalojado de forma pacífica ante la llegada de la Policía Nacional y Fuerzas Especiales.
Deja un Comentario