Profesionales del derecho, han manifestado hoy la urgencia de realizar una autoría a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), por la falta de trasparencia en el manejo de los multimillonarios bienes arrebatados al crimen que quedaron en manos de funcionarios del Poder Ejecutivo y no en el pueblo hondureño.
Los juristas han observado que es de carácter urgente que desde ahora OABI sea auditada y pase a control de los entes encargados de impartir justica como el Ministerio Publico (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Fredis Cerrato, ha manifestado hoy que es necesario que se someta a una auditoria a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), debido a la falta de trasparencia con la que la institución ha manejado los recursos que ahora pertenecen al pueblo hondureño.
Cerrato detalla que los bienes que incauta esta oficina, se presume en primera instancia que son de origen ilícito, pero en la mayoría de casos no se logra comprobar el origen legal y es cuando quedan a beneficio del Estado de Honduras; sin embargo, en subastas y demás proyectos, no se percibe un beneficio para la población.
El togado desglosa que es en esa instancia cuando se pone en evidencia la falta de trasparencia en el manejo de los recursos ya que estos son devueltos con daños, y muchas veces en cantidades inferiores.
Asimismo cuestiona que los vehículos que deberían estar al servicio de las instituciones públicas que realizan labores en servicio del pueblo hondureño, terminan siendo usados para engalanar los garajes privados de los funcionarios del Ejecutivo y de sus familiares.
“Lo que nosotros percibimos es que no hay un manejo trasparente. Se necesita conocer con propiedad. A mi juicio la OABI necesita una intervención y una auditoria, para conocer desde los orígenes cómo se han utilizado los bienes y ver si están allí”, sugirió Cerrato.
Por su parte el abogado especialista en derecho penal, Marco Zelaya, critica que esta oficina nunca ha sida sujeta a un marco legal que la encamine a actuar con trasparencia y además sugiere que es necesario que entes como el Ministerio Publico (MP), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y Policía Nacional (PN) se integren como veedores de la labor que realiza.
“Han generado un tremendo abuso de quienes han dirigido esta Oficina de Bienes Incautados, ya que muchos funcionarios andan mal utilizando los recursos que ahora le pertenecen al pueblo”, aseguró Zelaya.
El especialista en derecho penal lamenta que OABI se concibe actualmente como una “caja chica” para los funcionarios de Casa Presidencial, por lo que insta al régimen a poner orden para aclarar qué sucede en el marco legal e institucional.
Cabe destacar que la fue creada en 2012 OABI y desde entonces funciona como una secretaria dependiente de la Presidencia del Republica, constituyéndose como el organismo técnico especializado en guardar los bienes incautados por los órganos de seguridad del Estado.
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