Ayer el Congreso Nacional aprobó la controversial ley que ordena invertir 250 millones de lempiras anuales para da a funcionarios y exfuncionarios la protección de escoltas privados, en redes sociales oficiales del parlamento la ciudadanía manifestó su desaprobación.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En una de las últimas sesiones del actual Congreso Nacional –siempre de forma virtual–, los diputados han aprobado la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios, en un ambiente marcado por la protesta ciudadana en las plataformas de redes sociales oficiales del Legislativo.
Durante la sesión virtual, el secretario del Congreso, Tomás Zambrano, leyó el controversial decreto que divide en tres categorías de protección, pese a que los mal nombrados “padres de la patria”, no viven el peligro al que se enfrentan los hondureños a diario por causa de los índices de violencia y criminalidad.
A matacaballos los congresistas señalaron que esta ley ampara al gobernante Juan Hernández y otros exmandatarios del país, así como altos mandos del parlamento, Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Ministerio Público.
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Además, estarán protegidos magistrados y exmagistrados de la Cortes de Apelaciones de Jurisdicción Nacional, Jueces y Fiscales en alto riesgo, jefes y exjefes del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, presidentes y expresidentes de Camisones de Seguridad y Defensa nombrados por el Congreso.
De igual forma el alto mando de la Policía y miembros y asesores de la comisión de Depuración; también personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, y titulares del Servicio de Administración de Rentas.
“Todos los subdirectores de los entes de justica antes mencionados, incluyendo del Ministerio Público, Migración, Lucha Contra el Narcotráfico e Instituto nacional Penitenciario”, apunta el texto.
Cabe señalar que la sesión, transmitida en directo en las redes sociales del Congreso, recibió cerca de 600 comentarios de ciudadanía que repudió la mencionada ley que tuvo el voto favor de la última bancada fuerte del Partido Nacional.
Al respecto, la diputada del Partido Innovación y Unidad (Pinu) y ahora designada presidencial del Gobierno electo, Doris Gutiérrez manifestó que se ha creado una clase privilegiada que cree tener el derecho a ser resguardada de forma permanente.
“Recibí ese proyecto, lo leí y esas no son reformas, sino una ley completa, pero esta ley de protección a funcionarios se puede derogar fácilmente, porque esa seguridad es para que la pague el pueblo, ahí salen un montón que nunca vi que se pusieran en riego por nada”, dijo Gutiérrez.
Sentenció que para agar la guardia privada, se prevé juntar el dinero de la Tasa de Seguridad y del Presupuesto General de la República, en una operación 50-50.
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