Luego de dos años de espera en prisión, este día prosiguió el juicio contra los ochos ambientalistas que se levantaron en defensa de la comunidad de Guapinol, acechada por la empresa minera “Los Pinares” cuya actividad contaminó el agua de los ríos Guapinol y San Pedro.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este día, miembros del Comité Nacional por la Liberación de los Presos Políticos de Honduras, ha realizado un plantón en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para exigir la pronta liberación de los ochos ambientalistas encarcelados desde hace más de dos años por oponerse a la destrucción del Río Guapinol, en Tocoa, departamento del Colon.
Con múltiples pancartas, banderas, pañuelos y fotografías de los encarcelados, miembros de distintas organizaciones de derechos humanos exigieron de manera enérgica a las autoridades suspender el caso en su contra y la liberación inmediata de estos hondureños, privados de libertad desde 2018.
El juicio prosiguió esta mañana en un juzgado del departamento de Colon y tendrá una duración de 10 días, tiempo en que las autoridades evaluaran las pruebas presentadas por el Ministerio Publico (MP) y, con base a estas, determinar si se les impone una pena o quedan en libertad.
A criterio de una de las abogadas del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), Alba López, el proceso se ha llevado de una manera muy tardía, agregando que éste no se debió retrasar mucho tiempo ya que los acusados cuentan con enfermedades de base y no se les ha brindado el tratamiento correcto.
“La salud de los compañeros es vulnerada, lamentamos que no se les haya respetado el derecho a la salud, se les ha violentado los derechos humanos y máxime en este caso que son defensores del medio ambiente”, expresó la togada, agregando que los ocho hondureños pertenecen al comité por la defensa de los bienes común de Tocoa, Colon.
Los ambientalistas encarcelados son Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Anold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández, Daniel Márquez, Jeremías Martínez, todos nativos del departamento de Colon.
El caso ha indignado al mundo entero, luego que se comprobara que la empresa minera “Los Pinares”, propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé –dueños del Aeropuerto Palmerola– causara daños al patrimonio natural de Tocoa, además de acusar a los activistas sociales por secuestro e incendio.
La ONU ha calificado este caso como “privación ilegal de la libertad” y aunque el municipio de Toca se declaró “libre de minería”, el Ministerio Público ha continuado con la acusación, de acuerdo con el equipo de defensa “sin pruebas contundentes”.
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