La presión repentina de la Secretaría de Educación de ordenar el retorno a clases semipresenciales, es equiparable a un crimen de lesa humanidad según el criterio de varios dirigentes magisteriales, que observan que para el retorno a las aulas se necesita mucho más que la vacunación de docentes.
Docentes abordados por EL LIBERTADOR explicaron que el sistema educativo del país requiere proteger a los estudiantes y padres de familia que se involucran en el proceso y, de no hacerlo, las clases presenciales serán un suicidio y hasta genocidio, porque ni siquiera se cuenta con presupuesto para reconstruir escuelas “petrificadas” por el abandono estatal.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Secretaría de Educación ha convocado el retorno de estudiantes a clases semipresenciales, el 16 agosto inician en instituciones privadas y diez días después los centros públicos; sin embargo, maestros y padres de familia denuncian que esta medida sería un “acto de suicidio” y “genocidio” por las condiciones deplorables de infraestructura y la falta de salubridad, profundizadas durante la pandemia.
Según lo expuesto por dirigentes del magisterio, para que los niños vuelvan a los salones de clase, se necesita mayor planificación y el Gobierno ha fallado, porque nunca orientó el Presupuesto de la República como “arma de desarrollo” para dar el salto positivo en el sistema educativo.
No obstante, basándose en el absurdo argumento de que el problema de infraestructura es de hace varios años, el régimen plantea arriesgar la vida de estudiantes, padres de familia y docentes, imponiendo la modalidad presencial.
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Al respecto, el dirigente magisterial, Jimmy Sorto, dijo a EL LIBERTADOR que la educación pública está en la ruina, realidad que la pandemia vino a recrudecer producto del abandono sistemático y “desinterés del actual régimen”, criticando además que sin las condiciones, pedir un “un retorno a las aulas es absurdo”.
“El Gobierno ha sido incapaz de manejar adecuadamente la pandemia, además se han robado los fondos, ese es el gran fracaso y en materia educativa, como es evidente, no hay condiciones para educación presencial o semipresencial”, sentenció Sorto.
Asimismo, el dirigente magisterial del departamento de Santa Bárbara, Sayed Alí, criticó que el secretario de Educación, Arnaldo Bueso, es incoherente con lo que dice al presionar el regreso a clases presenciales, “no se trata simplemente de inocular a los docentes dado que el proceso de educación involucra a toda la comunidad, incluye también a los estudiantes y los padres de familia”.
Ambos dirigentes están de acuerdo en que antes de llevar a cabo un regreso a los centro de educación, es necesario crear las condiciones para un retorno seguro, que incluyen además de la vacunación, la reparación de la infraestructura, así como el suministro constante de agua potable para el lavado de manos y otros insumos de bioseguridad.
“No podemos ser irresponsables y decir que donde hay menos contagios de virus van a retornar a clases semipresenciales”, razonó Alí y agregó que “el virus sigue causando muchísimos contagios, y lo que puede propiciarse es un brote masivo”.
“Los docentes estamos en la buena disposición de reintegrarnos”, insistió Alí, pero dejando claro que sólo bajo las condiciones necesarias que permitan cuidar la integridad física de alumnos, padres de familia y docentes.
Arnaldo Bueso, aseguró que la institución ha cumplido con la exigencia del magisterio, ahora, se esforzarán en reiniciar las actividades, según él cuentan con más de 20 mil docentes y personal administrativo vacunado, afirmando que a mediados de agosto se iniciará un pilotaje del regreso semipresencial a clases en 154 municipios del país.
El funcionario se refiere a los municipios que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) etiquetó como “de menor incidencia pandémica”, es decir, que se encuentran en la categoría de 0 a 5 de morbilidad; sin embargo, el magisterio sostiene que el 85 por ciento de los docentes no tiene ni una dosis de la vacuna y tampoco hay señales de presupuesto para material de bioseguridad.
Ante lo anterior, Sorto dijo que: “No sabemos que el Congreso Nacional haya aprobado para material de bioseguridad, no podemos prestarnos para acatar una orden arrebatada de este tipo, en estas condiciones, esto es exponernos a un suicidio, a un genocidio”.
El docente que vive en carne propia el abandono del sistema educativo, contó que la costa norte ve la desidia en aprobar presupuesto para dar mantenimiento y lamentó que “hay colegios petrificados en lodo por el paso Eta e Iota, están igual o peor que cuando fueron arrasadas por esas tormentas”.
Añadió que en el norte del país el 60 por ciento de las instituciones están destruidas y el otro 40 por ciento “semidestruidas”. “La colonia Planeta, el colegio Alfonzo Hernández y todas las escuelas de Lima están sin techo, llenas de lodo, sin agua potable, sin sistema de alcantarillado, ¿cómo volvemos a clases así?”, cuestionó.
“Nosotros los maestros junto a los padres de familia, somos quienes compramos la recarga y la Tablet para impartir las clases, porque la ley de servicio de conexión a internet gratuita, para facilitar las clases en línea a todo el alumnado jamás se cumplió” recalcó Sorto quien además alegó que el magisterio observa que los centros bilingües presionan porque para ellos la educación se trata de un negocio.
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