El vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Tony García, confirmó a EL LIBERTADOR que con el crimen de la abogada Cinthia Yarely Sierra, asesinada la madrugada del pasado lunes, ya son 166 profesionales del derecho ejecutados en la última década.
El togado lamentó que de estos casos sólo dos han sido enjuiciados, refiriendo además que este ambiente de impunidad acosa a los hondureños por la disfuncionalidad del Sistema Judicial y los entes de investigación criminal pese a los altos presupuestos asignados para Defensa y Seguridad.
Redacción Central ̸ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El vicepresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Tony García, informó que en la última década han asesinado a 166 profesionales del derecho y que solamente se han enjuiciado “uno o dos casos”.
Refirió que el gremio nacional está formado por unos 27 mil juristas que, como cualquier ciudadano, están a merced del crimen por el ambiente de impunidad que persiste en el país.
García manifestó a EL LIBERTADOR que los responsables de estos crímenes actúan sin temor debido a un Código Penal débil, el pobre sistema de investigación y el deficiente Sistema Judicial, incapaz de “ponerse al día” con el castigo a responsables de delitos.
“Como son servidores de la ley, a veces las partes ven a los abogados como enemigos y los asesinan sin temor debido a un Sistema Judicial, Policía y Fiscalía débil y corrompida”, expresó el abogado.
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En los último días, con apenas unas horas de diferencia dos abogadas fueron ejecutadas en la capital Tegucigalpa, el primer caso corresponde al de la exdiputada Liberal, Carolina Echeverría Haylock, quien fue ultimada en su casa de habitación en la colonia Lomas del Mayab la noche del domingo 25 de julio, luego de que sicarios disfrazados como médicos ingresaran a su vivienda.
En el suceso también resultó herido Andrés Wilfredo Urtecho, esposo de Echeverría –abogado de profesión– quien reveló que los ejecutores tenían información privada porque en la vivienda había personas contagiadas con Covid, disfrazados se les hizo fácil entrar.
Urtecho, que además fungió como director de la Policía y es coronel en condición de retiro, afirma que el violento crimen de su esposa tiene un tema político de fondo pues reveló que: “Le ofrecieron 10 millones de lempiras para que desistiera de su candidatura como diputada por el Partido Liberal a la cual ella se negó”.
No está de más mencionar que la abogada estaba en contra del Golpe de Estado del 2009 que condujo a la actual multicrisis de país, también se oponía rotundamente a la imposición de las inconstitucionales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), y como representante del departamento de Gracias a Dios, llegó a ser muy querida por el pueblo misquito.
El gremio no asimilaba el crimen contra Echeverría cuando unas horas después, otra jurista fue asesinada en su casa de habitación en Tegucigalpa, se trata de Cinthia Yarely Sierra, quien según el reporte forense, murió por “asfixia mecánica”.
Preliminarmente, la familia de Sierra señala como principal responsable a Carlos Reyniery Valladares, con quien la togada tenía una relación. Según dijo uno de sus familiares, al momento de su muerte en la madrugada del pasado lunes, no se escuchó gritos ni pedidos de auxilio y su cadáver fue encontrado por sus allegados al amanecer.
A la fecha, la autoridad no ha confirmado el móvil de ambos crímenes y, ante este contexto de violencia, el abogado García cuestionó que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad sea de los más altos, sin que se justifique la reducción del crimen o se potencie la investigación.
El Observatorio del Crimen de EL LIBERTADOR (OCEL), institución creada para el análisis de actos violentos en el país, en reiteradas ocasiones ha realizado auditoria a los presupuestos de Defensa y Seguridad, criticando que éstos no potencian la investigación ya que Ministerio Público y Poder Judicial reciben porcentajes mínimos.
Además, el OCEL ha cuestionado que las cifras de crímenes violentos, masacres y femicidios, han vuelto a repuntar luego de la ruptura del confinamiento severo por la pandemia y además, la reducción que “celebra” la autoridad sigue siendo demasiado elevada para una nación sin conflictos bélicos.
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