Los políticos hondureños no están viendo qué pasó en Haití cuando desbordan los abusos del Gobierno. Un ejemplo, la ciudad exclusiva, “Próspera”, asegura que desde hace dos años se juramentó un equipo de 13 magistrados extranjeros para impartir justicia en el “refugio pirata”, mucho antes que la Corte Suprema firmara la traición con la “jurisdicción especial” a las ZEDE.
Hace mucho que la función de “Presidente de Honduras” es la peor actuación de “humor negro”; en la agenda inmediata del próximo Gobierno para no seguir provocando al pueblo hondureño será imperativo endurecer a partir de la fatal experiencia, los requisitos psicológicos y profesionales para cargos de funcionario y servidor público ¡Basta ya, repugna tanta vergüenza y atraso nacional!
La diputada de Libertad y Refundación (Libre) y figura del periodismo hondureño, Patricia Murillo, ha pedido a la Fiscalía de Defensa de la Constitución del Ministerio Público, que actúe de oficio contra los promotores de las ZEDE: Ebal Díaz (exsecretario de la presidencia), Leonel Ayala, Ricardo Cardona y Octavio Sánchez.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. No causa ninguna gracia que un extranjero se ría de la tierra donde nacieron y nacen ciudadanos valiosos y héroes como Cabañas y Morazán. Molesta cuando se siente la tierra, la historia de raza y se respeta la memoria ancestral. En estos días que se habla de ZEDE, Honduras ha causado risas, pena y lástima en distintos artículos de prensa, foros y opiniones en la comunidad internacional.
El pasado 14 de junio, 12 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aprobaron una “jurisdicción especial” para las ZEDE; no obstante, los dueños de “Próspera”, ubicada en la comunidad de Crawfish Rock en Roatán, Islas de la Bahía, desde hace dos años cuentan con un equipo legal para dictar “justicia” en el territorio.
De acuerdo a la información que trascendió esta semana, el equipo legal está conformado por cinco australianos: Richard Chesterman, Wayne Martin, Martin Klapper, John Robertson y Mark Higgins; al tiempo por los estadounidenses: John Gemmill, Richard Sanders e Ilya Shapiro.
A este equipo se suman los alemanes: Michael Ulmer, Gerhard Sperker y Pablo Palma Calderón (de origen chileno); también los guatemaltecos: Gerardo Anleu y Luis Pedro Álvarez. En total 13 magistrados judiciales para imponer “sanciones” de la “justicia especial” en la ciudad privada e ilegal, porque se impulsa al margen de la Constitución de la República.
Y a pesar que las ZEDE violentan ley máxima del país, que únicamente cede el territorio nacional para la instalación de sitios diplomáticos en reciprocidad, ya se ha aprobado desde el poder político, sin respaldo del pueblo, que los hondureños deban pagar más de 6,000 lempiras para transitar por la comunidad expropiada a pobladores ancestrales.
Al respecto, la diputada de Libertad y Refundación (Libre) y eterna figura del periodismo hondureño, Patricia Murillo, ha pedido a la Fiscalía de Defensa de la Constitución del Ministerio Público (MP), que actúe de oficio contra los promotores de las ZEDE: Ebal Díaz (exsecretario de la presidencia), Leonel Ayala, Ricardo Cardona y Octavio Sánchez.
En ese contexto, EL LIBERTADOR ha solicitado una entrevista con el Fiscal de la Constitución para conocer las acciones que ejecuta el MP en contra de los inconstitucionales “emiratos”, no obstante, a la fecha de redacción de este artículo no ha habido respuesta a nuestra solicitud enviada vía correo electrónico desde el pasado martes 29 de junio.
La venta del bien público, de parte del actual Gobierno, ha quedado retratado ante el mundo, de hecho, la revista digital alemana “Kontrast.at” publicó en marzo sobre la críticas publicadas por la periodista y autora austriaca, Patrice Fuchs, quien mencionó que la vicepresidenta del Banco Nacional de Austria, Barbara Kolm, fue nombrada miembro de la “Junta Supervisora” del experimento de la “ciudad neoliberal”, impulsadas en el país por el gobernante Juan Hernández con el nombre de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
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“¿Se puede llamar paraíso fiscal a una ciudad de Honduras, en la que solo los inversores determinan las leyes y los derechos laborales y la tasa impositiva es del 7,5 por ciento?”, cuestiona el diario alemán.
La publicación señala también que Kolm fue nombrada miembro de la junta que construye una controvertida zona que la llaman de diversas maneras “ciudad neoliberal”, “Charter”, “albergue pirata” o “paraíso fiscal” como la llama la periodista Kolm.
“Se trata de la Ciudad Charter ‘Próspera’, una zona económica especial separada en Honduras, construida para inversionistas privados. Sus propias leyes y leyes laborales diferentes deberían aplicarse allí que en el resto del país, así como una tasa impositiva más baja de solo 7.5 por ciento. Kolm forma parte del consejo de supervisión de este proyecto”, describe Kontrast.at.
Barbara Kolm demandó a Patrice Fuchs por esas declaraciones, esperaba que retirara esos señalamientos, pero Fuchs manifestó que defendería su libertad de expresión y con mucha confianza prosiguió, además, ha recibido el apoyo de diversos sectores sociales.
A mediados de junio de 2021, a través de un tuit Fuchs escribió: “Demanda perdida – ¡transparencia ganada! El proceso inicialmente giró en torno a la cuestión de si las ZEDE, con las que vinculé a la vicepresidenta del Banco Nacional, Barbara Kolm, en un tweet, son en realidad paraísos fiscales”.
Este no es el único medio que habla sobre el tema, otro diario digital llamado Kompetenz habla sobre las ZEDE en Honduras y la intervención de Bárbara en esos negocios “especiales” representados por un grupito de extranjeros que la presidenta de la Federación de Patronatos de Islas de la Bahía, Rosa Hendrix, (residente en Roatán donde se asienta “Próspera”), los llama “vividores” y “aventureros”, porque hasta hace poco eran simples prestadores de servicios a los isleños y –de la noche a la mañana— el gobierno hondureño los presenta como “grandes inversionistas”.
Uno de los nombres más sonados ha sido el del Secretario de Estado de la Presidencia, Ebal Díaz, diversos sectores lo han cuestionado por el tema de las ZEDE, entre ellos, el Director Ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), abogado Armando Urtecho, quien preguntó directamente a Ebal “¿quiénes son los dueños de las ZEDE?”, durante una conferencia de prensa para manifestar que la cúpula empresarial está en contra de los “emirato”.
La página del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en la sección de “Elecciones”, destaca que la larga lista de cargos de Ebal, mencionan que es “miembro del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP-ZEDE), Presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Encargado Especial de la Comisión Nacional de telecomunicaciones y Tecnología de la Información, Director de la Unidad de Transformación y Facilitación de inversiones y Emprendimientos del Programa Honduras 2020”.
Además de “miembro de la Comisión de evaluación para propuestas de Inversión, Miembro del Comité de Coordinación del Centro Cívico Gubernamental (CCG), Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros con rango de Secretario de Estado, enero 2014-febrero 2018”.
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El ente de investigación internacional Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Business & Human Rights Resource Centre) publicó en su página a los cuatro hondureños que forman parte de la CAMP. Mencionaron que el 11 de febrero de 2014 mediante Diario Oficial La Gaceta se publicaron los nombres de los integrantes de la CAMP, cuya función es “supervisar la creación y administración de estas zonas especiales y las personas asignadas a él son elegidas por el presidente de la república”.
La cadena de Alemania para el extranjero, Deutsche Welle (DW), ha titulado en su edición escrita para América Latina, “Honduras: ¿soberanía a cambio de desarrollo económico?”, y luego expone: “Una comunidad de la isla Roatán protesta contra la primera ZEDE del país, un enclave gobernado por una empresa privada estadounidense. El proyecto pretende atraer capital, según expertos a costa de los derechos de la población”.
Casualmente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuerpo especializado de la ONU, está investigando la violación del Convenio 169 por el Gobierno de Honduras que ha sido denunciado desde 2015 por imponer represión y muerte de líderes indígenas y afrohondureños en las comunidades que se oponen a proyectos de minería, represas hidroeléctricas y ahora ZEDEs. Este tratado internacional obliga al Gobierno a dialogar, buscar consensos y la aprobación o no, sin violencia, con los pueblos indígenas y comunidades negras que habitan el territorio nacional.
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