Desde el amanecer de ese sombrío domingo, Honduras ha perdido doce años; entró en crisis simultaneas y en ascenso, una tras otra, cada vez más graves, eso, ha acumulado un ambiente tan extremo como la extinción del Estado de Derecho, pérdida del Gobierno constitucional, ilegítima reelección presidencial, fraude electoral con mano extranjera, régimen de facto, genocidio viral, corrupción pública y privada ilimitada, impunidad oficial, migración mutó a éxodo, homicidio creció a masacre, territorio ofertado a pedazos por enemigos del pueblo, amenaza a la vida del Estado, etcétera; el país transita en zozobras diarias.
A juicio del abogado e investigador de derechos humanos, Joaquín Mejía, la sociedad ha cometido el error –junto a la comunidad internacional– de tratar el tema como un “asunto normal”, queriendo superar la crisis en las urnas sin considerar medidas excepcionales para una nación gobernada por el crimen, que fue el “ganador” con la ruptura del orden constitucional.
En tanto, el doctor en economía, Hugo Noé Pino, lamenta que en 12 años de privilegios al poder militar, económico y político, “se ha impedido que el país pueda optar a un crecimiento económico sostenido”, reflejándose en el aumento de la miseria, el desempleo, el espanto de inversión extranjera y las pocas posibilidades de una vida digna.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La espantosa crisis social, económica y política del presente hondureño tiene su origen inmediato hace 12 años con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. El golpe sigue activo, en pleno desarrollo y de mal a peor, prevalece la impunidad de sus delitos y aún gobiernan los golpistas. Los hondureños sufren cada vez con mayor fuerza los ataques del crimen, la miseria y la corrupción, entre otros factores, según el análisis de expertos abordados por EL LIBERTADOR, Honduras está sufriendo un golpe de Estado permanente por feroces enemigos del Estado, de la población, de la libertad y de la ley.
Lo visto en Cortes judiciales de New York en los últimos años enjuiciando personajes de carteles criminales vinculados con operaciones en territorio nacional y lo vivido en los últimos 12 años en el escenario local, confirmó el peor escenario para los hondureños: el ascenso del crimen al Gobierno, creando un ambiente de indefensión ciudadana total frente a una justicia en silencio, los asesinatos en alza están a la orden del día y el descaro institucional provoca cada día más miseria.
DICTADURA
Al respecto, el abogado e investigador en materia de Derechos Humanos, Joaquín Mejía, ratifica que desde el 28 de junio de 2009 el país vive una crisis permanente, “porque desafortunadamente desde el golpe de Estado, la crisis no se ha resuelto sino que más bien se ha profundizado”.
El togado desglosa que en los últimos 12 años ha habido varios “asaltos antidemocráticos” que extienden el periodo de crisis, el primero en 2012 cuando se da “un golpe de Estado contra el Poder Judicial, ya que el Congreso Nacional destituyó de manera arbitraria a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional”; proceso en donde sólo “sobrevivió” Óscar Chinchilla, quien años más tarde fue nombrado Fiscal General de la República y es reelecto –con proceso irregular– en 2018.
Mejía recuerda que otro momento trágico ocurrió en 2015 cuando cuatro de los magistrados de la “nueva” Sala de lo Constitucional: Victor Manuel Lozano, German Vicente García, Lidia Estela Cardona y Silvia Trinidad Santos, emitieron un fallo a favor de la inaplicabilidad del artículo 239 que prohíbe a los exmandatarios ostentar otra vez la presidencia y abrieron la puerta al delito de traición a la Patria con la reelección presidencial.
Cabe señalar que el fallo anterior fue emitido luego de que el extinto presidente Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), junto a unos 12 diputados del Partido Nacional presentaran un recurso para hacer posible su nueva candidatura con la corriente “Monarca”. Pero quien finalmente sacó provecho de esa violación a la Constitución, fue Juan Hernández.
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Y es que la ilegal reelección y fraude electoral, denunciado por la oposición hondureña, es según Mejía, otro golpe. Además, al criterio del activista social, el gran beneficiado de la ruptura del orden Constitucional del 28 de junio de 2009, es Juan Hernández y todo el grupo nacional e internacional que lo apoya, se lucra y se nutre de la inestabilidad de Honduras.
HEREDERO DEL MAL
“En el 2012 él era presidente del congreso Nacional que destituyó de manera arbitraria la Sala Constitucional, en 2015 él era el presidente del Poder Ejecutivo y se benefició de esa sentencia de relección, y en 2017 era el candidato ilegitimo que se benefició del fraude electoral”. Lo que ha sucedido desde el golpe de Estado hasta acá–prosigue– es un plan bien orquestado, porque es una crisis permanente.
El analista social subraya que desafortunadamente, la sociedad hondureña y la comunidad internacional han aplicado “medidas normales” que no entran en el contexto del país porque lo han visto como una “situación de normalidad, pero éstas no son adecuadas a casos excepcionales como los que vive Honduras”.
Estas “medidas normales” son adaptables en un escenario no criminal –continúa– se relacionan a las acciones de la comunidad internacional y ciertos sectores de sociedad civil que han sugerido resolver la crisis prolongada con elecciones que, “desde 2009 no han sido libres ni han sido justas”.
Valora que para noviembre se entra a un proceso con un sistema electoral que no ha sido capaz de evitar que enemigos de la democracia puedan acceder al poder político, refiriéndose a funcionarios acusados por corrupción, “narco-políticos”, golpistas, lavadores de activos, entre otros, porque no se creó la Ley Electoral que garantizara un proceso transparente, ni siquiera se hicieron las reformas como la segunda vuelta, el voto electrónico y eliminar de las mesas a los fraudulentos de los partidos tradicionales.
Y, la segunda medida tiene que ver con la manera en que se malgastan miles de millones de lempiras en una institucionalidad “que es cínica en términos generales”. En ese contexto, toma el ejemplo de un Poder Judicial que libera y garantiza el debido proceso a quienes han saqueado las arcas del Estado y por otro lado se ensaña con los defensores de bienes comunes como es el caso de los líderes de Guapinol.
Sentencia que el escenario del golpe fue la plataforma de Juan Hernández para que en los últimos 12 años la forma de Gobierno se haya convertido en una autocracia, “un régimen donde una persona controla toda la institucionalidad”.
POBREZA, HIJA GOLPISTA
En tanto, el respetado doctor en economía y catedrático universitario, Hugo Noé Pino, retoma que la primera consideración que se debe hacer respecto al golpe de Estado, es que es producto de una “alianza oligárquica donde participa el Ejército, la élite económica y los partidos conservadores tradicionales en el país”.
Analiza que en primera instancia estos grupos son los responsables de la polarización en la población hondureña y, al considerar las acciones del gobernante Partido Nacional en los últimos años, sostiene que se ha deteriorado la institucionalidad, la separación de poderes y “se ha impedido que el país pueda optar a un crecimiento económico sostenido, es bastante claro que durante estos 12 años la persistencia de la pobreza ha sido tremendamente fuerte”.
Además, argumenta que el desempleo ha incrementado y “obviamente la política fiscal ha sido orientada a beneficiar a esa élite económica que apoyó el golpe repartiéndole exoneraciones fiscales, contratos sobrevalorados y toda una serie de acuerdos que, se ha mostrado, han ido en contra de los interese de la mayoría”.
El doctor Pino hace referencia que incluso la política fiscal significó un aumento de impuestos y toda la carga que han representado esos privilegios, resultó en el ajuste fiscal en 2014 en los impuestos indirectos: Sobre Ventas (ISV) y Sobre la Renta (ISR), además del aumento a los combustibles y la reducción a los bienes públicos como la salud y educación.
Relaciona que “todos estos efectos negativos del golpe de Estado todavía prevalecen, es bastante claro que la conjunción de intereses entre los políticos hondureños, sectores empresariales, más la corrupción y narcotráfico; realmente es impresionante cómo Honduras ha quedado evidenciada a nivel internacional como un ‘narco-Estado’”.
De acuerdo con el análisis económico de EL LIBERTADOR, en la última década se perdió el 70 por ciento de la inversión extranjera directa, tomando como base 2008 que fue el año más estable y sirve de referencia a la economía nacional. Y es que de registrar más de 1,100 millones de dólares en el año mencionado, en 2020 el país apenas registró 323 millones de dólares.
Al respecto, el doctor Pino señala que el mejor indicador es desde 2017 en adelante, porque ese año se da “otro de los grandes acontecimientos negativos producto del golpe de Estado como es el gran fraude electoral”. De acuerdo a su criterio, la inversión extranjera fue estable hasta 2018, cuando comenzó a caer por la falta de institucionalidad y la desconfianza que tienen empresarios para poner su dinero en el país.
“Hay que agregar que esa inversión extranjera, el 65 por ciento (de lo registrado en 2020) es reinversión de utilidades, en los últimos años no ha entrado capital fresco y esto es porque no existen las condiciones de seguridad jurídica, seguridad ciudadana, mano de obra capacitada, fuentes de energía abundantes y baratas; en fin, todo aquello que hace que un país se convierta en atractivo”, valora.
EN CAÍDA LIBRE
En tanto, el exFiscal General del Estado, abogado Edmundo Orellana, plantea que no hay duda de que en 12 años desde el 28 de junio de 2009, “Honduras se fragmentó, se dividió; caímos en un abismo y todavía no hemos tocado fondo, pero que también no ha habido posibilidades de revertir, estamos en caída libre”.
Orellana medita que el desplome del país ha sido en todos los sentidos, sobre todo en lo institucional, ya que el aparato estatal se ha degradado al punto en que la política también lo ha hecho, dando como resultado a diputados que vendieron el voto para elegir una Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un Fiscal General, que actúan en contra del sentido de justicia.
El respetado analista reprocha que por las acciones de los exdiputados de Libertad y Refundación (Libre) y el Partido Anticorrupción (PAC) que se plegaron a la dirección bipartidista, hoy la clase política no puede hablar de honor o dignidad, “parecen palabras huecas, sin sentir”.
“Son tantos y tan abominables los actos de los políticos, que ya prácticamente parece que todos estuvieran medidos con la misma vara, todos se acusan de corruptos entre sí”. Prosigue: “Todo lo que se provocó estos en 12 años del Gobierno del Partido Nacional se ha potenciado todo lo malo con la pandemia”.
Orellana, que fue el primer Fiscal General del Estado, analiza que la situación actual sigue siendo degradante “y nada nos dice que el próximo Gobierno sea diferente, porque todo lo que nos han planteado va ser una réplica de lo que hemos vivido estos 12 años”. Y sentencia que de momento, todas las propuestas de candidatos, están orientadas a un país estable, sin considerar los años que la Nación ha estado en crisis.
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