A través de un comunicado, el Comité de Administración de la “Tasa de Seguridad”, ha confirmado que entre 2012 y 2017 ha invertido 756 millones de lempiras para la compra de 2,317 vehículos, entre éstos, 109 automóviles de lujo blindados y no blindados, para operadores de justicia y personas con medidas de protección.
Ante ese contexto el analista político, Raúl Pineda, ha lamentado que mientras el pueblo vive en la miseria, con hambre y sin acceso a la Salud, el Gobierno insista en dar prioridad al gasto en Defensa y Seguridad y considera que estos insumos son un privilegio para los funcionarios del régimen.
Especialistas en economía, vaticinando el declive que traería el Covid en todos los campos de la nación, habían recomendado usar el “tasón” para la compra de insumos que salvarían vidas –por ejemplo la vacuna–; sin embargo, la solicitud fue ignorada y, de hecho, el personal en “primera línea” protesta por varios meses sin pago.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Mientras el sistema sanitario del país sigue colapsado y el personal de “primera línea” reclama por falta de pago desde hace tres meses, el Gobierno de Honduras ha confirmado que entre 2012 y 2017 ha invertido 756 millones de lempiras en la compra de 2,317 vehículos para «proteger» al pueblo hondureño.
Así lo ha confirmado esta tarde el Comité de Administraciones y Adquisiciones del Fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, que desglosa que la adquisición de esta flota vehicular comprende mil motocicletas, 50 ambulancias, 900 vehículos tipo “Pick-Up” 46 buses para centros penitenciarios y 109 automóviles entre blindados y no blindados, de uso exclusivo para operadores de justicia y personas con medidas de protección.
Lo anterior, avalado también por el representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) asignado a la “Tasa de Seguridad”, Juan Ramón Molina, quien confirmó además que los vehículos blindados están asignados a jueces, fiscales y administradores de centros penitenciarios, porque han alegado que sus labores son de alta peligrosidad.
Molina detalló que las motocicletas se han asignado a la Policía Militar de Orden Público (PMOP) y Policía Nacional; además, los autobuses se han utilizado para transporte de personal. En tanto, los vehículos tipo “Pick-Up” se entregaron a la PMOP y 90 han quedado en uso especial para el Sistema Nacional de Emergencias 911.
En ese contexto, ha dicho que “quien decide el uso de las políticas de seguridad del Estado es el Poder Ejecutivo, éste y sus asesores trabajan de la mano con el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS)”. El ente mencionado, se ha criticado que suprime la independencia de poderes, ya que cuenta con representante del Judicial y Legislativo, que se someten a las órdenes del gobernante de turno.
Sin embargo, considera que el uso del “tasón” se justifica por el trabajo de los operadores de justicia, ya que éstos exponen su vida y es justo que “el Estado le proporcione los medios”. Pero en contraste, el analista político y abogado, Raúl Pineda, ha criticado que el objetivo principal de fortalecer a los entes de Seguridad y Defensa, “no es garantizar la seguridad de la ciudadanía sino más bien, estabilizar la del régimen”.
Pineda lamentó que aunque las prioridades son claras, en pleno auge de la pandemia, los centros de salud carecen de insumos, vacunas y medicamentos básicos contra el virus. Cabe señalar que el personal de Salud se ha declarado en calamidad porque ya son más de tres meses sin recibir salario.
Y por otro lado, el magisterio denuncia que la modalidad virtual sigue siendo excluyente y “libra” de responsabilidad al Gobierno de invertir en la infraestructura de centros de educación pública. Ambos rubros siempre han sido porcentajes mínimos frente a Seguridad y Defensa en el Presupuesto de la República: “Mientras la gente muere de hambre o muere por falta de medicamentos, aquí se tiene una fuerza pública y una Fuerzas armadas que tiene un Carácter prioritario”.
Además, el jurista observa que esta inversión no es algo pensado sólo para consentir a los entes policiaco-militares, ya que “cuando se carece de una plataforma popular, se acude a la fuerza de los entes de seguridad para atemorizar y para imponer la voluntad del que manda”.
En ese contexto, preocupado con tanta desfachatez, ha hecho el llamado a la población a despertar y reaccionar contra lo que califica como evidentes actos de desigualdad.
Tras la denuncia de que los vehículos hayan sido asignados al círculo de poder del jefe de Estado, Juan Hernández, el Comité del “tasón” ha señalado que se “niega categóricamente que los vehículos adquiridos hayan sido asignados a funcionarios que no son beneficiarios directos de la Tasa de Seguridad Poblacional”.
A continuación el comunicado íntegro:
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