“La experiencia hondureña indica que el narcotráfico floreció en territorios con bajo desarrollo económico, socialmente fragmentados y culturalmente debilitados, donde las desigualdades sociales, reproductivas y territoriales y las violencias múltiples, son el retrato del desarrollo desigual que históricamente ha caracterizado al modelo económico hondureño”, analiza el sociólogo e investigador, Engels López.- En este artículo plantea, “el juicio de JOH y una mirada social a la economía política del narcotráfico en Honduras”.

Engels Bladimir López*
Columnista
EL LIBERTADOR
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Juan Orlando Hernández (JOH), fue acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU., por tres cargos: conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico, y posesión de ese tipo de armamento durante la conspiración de narcotráfico. JOH fue encontrado culpable por el jurado, el 8 de marzo de 2024 en la Corte Federal de New York. A diferencia de otros juicios, el de JOH puso en perspectiva la forma que en Honduras se construyó un Narco Estado y se diseñó una Economía Política del Narcotráfico.

Históricamente, el campo político hondureño, comprendido como un espacio de tensiones y disputas entre diferentes actores políticos y sociales, ha girado alrededor de los intereses de las elites políticas, económicas, militares y en la historia reciente, de “la élite mafiosa criminal”. Estos intereses no se pueden comprender sin dimensionar la lógica del modelo capitalista-neoliberal, comprendido como una doctrina social, política y económica, que alrededor del proceso denominado “puerta giratoria”, no solo permitió que la empresa privada, elite política y organismo financieros internacionales secuestraran y debilitaran el Estado y desnacionalizaran la economía, sino, que, generó la emergencia de una elite mafiosa criminal vinculada al narcotráfico y crimen organizado.

Desde una perspectiva de desarrollo territorial, en Honduras es evidente la conexión existente entre el capitalismo y el narcotráfico, alrededor de un amplio proceso de desterritorialización en tres direcciones: i) transformación de las fuerzas productivas y las relaciones económicas; ii) debilitamiento del tejido y las relaciones sociales individuales y colectivas; y, iii) cercamiento territorial por la vía de la violencia y la coacción física y militar. El primero, ha generado la consolidación de formas económicas ilícitas y delictivas, en contextos urbanos y rurales de desigualdad y pobreza. El segundo, ha debilitado diversas formas de capital social que son claves para los procesos de cohesión social, siendo desplazadas por prácticas de control y desposesión, como, por ejemplo, el consumo de drogas, la violencia de género y la trata de personas. Y el tercero, mediante procesos de desplazamiento forzado generadoras violencia y desarraigo social en sus diferentes dimensiones.

En esa dirección, dos formas de economía florecieron: la extractivista y la del narcotráfico, alrededor de un amplio proceso de desterritorialización de los territorios urbanos y rurales, con poca presencia del Estado y en aquellos territorios, donde históricamente la formación del capitalismo fue incipiente o inexistente. La experiencia hondureña indica, que el narcotráfico floreció en territorios con bajo desarrollo económico y en espacios territoriales socialmente fragmentados y culturalmente debilitados, en los cuales las desigualdades sociales (socioeconómicas, ciclo de vida, políticas, sexuales y reproductivas y territoriales) y las violencias múltiples (género y territorial), son el retrato del desarrollo territorial desigual que históricamente ha caracterizado al modelo económico hondureño.

El Honduras, el neoliberalismo, los extractivismos y el narcotráfico construyeron una “nueva territorialidad”, promotora de procesos de desposesión, que, como bien puntualiza Judith Butler y Athena Athanasiou, en el libro, (Desposesión, lo performativo en lo político, 2022), hay que ubicarlo alrededor de tres tipos ideales de desposesión: tierra y el territorio, corporal y emocional, y del ser y su existencia. Por otro lado, estas desposesiones han agudizado las desigualdades sociales y violencias múltiples en contextos de guerra de baja intensidad, generando formas de despolitización social que limitan pensar procesos de transformación desde abajo, como expresión de un retrato de la época de las pasiones tristes, parafraseando a François Dubet, (La época de las pasiones tristes: como la desigualdad desalienta la lucha por una sociedad mejor, 2022), en la cual las desigualdades sociales y la violencias múltiples diluyen la esperanza, la indignación y la utopía.

El narcotráfico y el crimen organizado en la sociedad hondureña coexisten de manera intima con las diversas formas de desigualdades sociales y violencias múltiples, que debilitan toda forma de gobernanza territorial y fragmentan el territorio a tal punto, que las propias acciones gubernamentales encuentran profundas limitaciones políticas e institucionales, como el Caso del Bajo Aguan, alrededor de la conflictividad agraria y socioambiental y el caso de la Mosquitia hondureña, alrededor de la conservación forestal y recuperación de territorio, en manos de elites mafiosas criminales. De ahí que hablar de una elite mafiosa criminal, sea lógicamente posible y empíricamente viable, en un marco de crisis de hegemonía y legitimidad del Estado y un vacío de esa legitimidad en la ciudadanía, que no se siente parte de una comunidad, sino que coexisten como sujetos pasivos proclives a la explotación económica y a la violencia que se le impone por parte de los poderes facticos, por encima de la ley y de las instituciones.

Retomando el planteamiento de Wright Mills, en su libro (La elite del poder, 2017), expone que la formación de una élite se desarrolla a través de tres tendencias estructurales: i) Estado capitalista y militar; ii) dominio de los medios de producción y control de los instrumentos de violencia; y, iii) existencia en un mismo campo de una economía corporativa, militar e ilícita. En esa dirección, las elites mafiosas para poder asentarse en el territorio y crear una nueva territoriorialidad optaron de manera natural por una “economía de guerra”, mediante el desplazamiento de una serie de dispositivas de control político, militar, institucional. Dichas tendencias se presentaron de manera contundente en el juicio contra JOH, alrededor de tres procesos: i) los procesos electorales, como herramientas de instrumentalización social y reacomodamiento de las élites mafiosas; ii) la institucionalidad militar y policial, como el bastón estratégico para el funcionamiento y expansión del narcotráfico; y, iii) la institucionalidad pública, como un gran panóptico político de legitimación hegemónica de la económica política del narcotráfico (corporativa, militar y mafiosa).

En conclusión, el auge y ascenso del narcotráfico en Honduras requiere verlo en perspectiva, a través de un proceso relacional que involucra al poder político (nacional y territorial), las fuerzas de inteligencia del Estado, la institucionalidad pública y una mirada social más amplia alrededor de la desterritorialización del territorio urbano y rural. Es por esto, que la noción de Narco Estado, sea un marco de entrada para problematizar y dimensionar la Economía Política del Narcotráfico, en los esfuerzos por identificar los medios y mecanismos para desmontarlo y atacarlo de manera estratégica en el plano político, institucional, cultural, moral y económico, en un marco global en el cual el capitalismo subsiste de manera íntima con la economía delictiva e ilícita del narcotráfico y el crimen organizado.

Las implicaciones del Juicio de JOH en el marco de la transición política refundacional

Ante el fracaso de la transición democrática neoliberal, la narrativa política e ideológica que ha posicionado el Partido LIBRE y la presidenta Xiomara Castro, ha sido el principio de la Refundación, comprendida como “cambio en las relaciones sociales y económicas de producción en beneficio del desarrollo equitativo; cambiar la forma en que los hondureños nos relacionamos con la riqueza y la forma en la que se focalizan los recursos de nuestro país”. En esa dirección, entiendo por transición política refundacional, un proceso que consiste en el Retorno del Estado y la activación del cambio y la transformación por la vía institucional, a través del despliegue en el campo político de una serie de estrategias refundacionales (populismo refundador, centralidad del Estado y política internacional contestaria y abierta), que antagonizan con la élite tradicional, sectores conservadores y la embajada estadounidense, en los esfuerzos por desmontar el neoliberalismo y sentar las bases del Socialismo Democrático, por la vía del Poder Popular.

Las implicaciones del juicio de JOH revisten de interés, ya que el actual proceso de refundación para su avance requiere un campo político integrado y articulado, y precisamente el juicio de JOH, pone en tensión el postulado anterior. Primero, la transición refundacional tiene que convivir en el corto y mediano plazo, con la política injerencista, militar y colonialista de los Estados Unidos y sus amplios intereses en el Triángulo Norte, alrededor de una agenda geopolítica que, en el caso de Honduras, se resume en cinco bloques: militar (narcotráfico y crimen organizado), migración ( Centroamericana y del Sur), ambiental (agroindustria, recursos naturales y transición energética), política (corrupción y estabilidad democrática) e ideológica (la presencia de China). Los intereses de la política estadounidense seguirán teniendo una gran importancia en el desarrollo político del país, en un marco en el cual las relaciones con EE.UU. han encontrado sus picos altos de tensión, como también, momentos de baja tensión, debido a la colaboración del Gobierno en temas como la migración, narcotráfico y corrupción.

Segundo, la transición refundacional podría enfrentar presiones en el campo jurídico. Primero, desde el poder fáctico a lo interno del Poder Judicial y el Sistema de Justicia, al momento de nombrar jueces, juezas y fiscales encargados de legislar en el campo de la criminalidad organizada. Segundo, persuasión política en casos de alto impacto que atenten contra los intereses de la elite, por sus vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado. Tercero, maniobras injerencistas desde la Embajada de Estados Unidos, en relación a futuras líneas de investigación sobre criminalidad organizada, que puedan debilitar la autonomía del Poder Judicial en particular y el Sistema de Justicia en general.

En la coyuntura actual, la Presidenta Xiomara Castro ha expresado públicamente la necesidad de emprender acciones hacia los actores que debilitaron la institucionalidad pública. Por su parte, la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha expresado que la sentencia de JOH es una clara muestra de la deuda de los órganos de justica. Mientras que el Fiscal General, ha dicho que se abrirán líneas de investigación hacia personas que fueron mencionadas en el marco del Juicio de JOH. El juicio de JOH, abre una posibilidad para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democratización del Sistema de Justicia, alrededor de medidas y acciones encaminadas a atacar a los actores políticos, económicos y mafiosos que reproducen y legitiman la criminalidad organizada en el país.

Y tercero, el impacto en el campo político-partidario, a las puertas del próximo proceso electoral. En esa línea, tres preguntas surgen: ¿Será capaz el Partido Nacional (PN) de recuperarse tras la sentencia de JOH?, considerando el fuerte golpe moral y ético que eso implica; ¿Lograra el Partido LIBRE mayor legitimidad entre la población?, partiendo que la sentencia abre una posibilidad para consolidar una nueva hegemonía cultural y política, y; ¿Que nuevos mecanismos y dispositivos tratara de activar la elite mafiosa criminal para seguir manteniendo control sobre la institucionalidad pública y el territorio?, en un marco de transición refundacional que se muestra contraria a los principios de la Economía Política del Narcotráfico.

En relación a la primera pregunta, Ana García, esposa de JOH, ha lanzado su precandidatura en el PN, como un acto político mesiánico de venganza, en el marco de una estructura partidaria de base que sigue siendo fiel a JOH. Sobre la segunda pregunta, LIBRE tiene una tarea política de demostrar que la transición refundacional no está en proceso de desgaste, como lo ha posicionado los medios de comunicación corporativos luego de las elecciones del Colegio de Abogados (CAH), espacio histórico de la intelectualidad orgánica de la derecha. La tercera pregunta, es un reto para LIBRE y los movimientos sociales y populares, en los esfuerzos por democratizar los procesos de selección de las personas con aspiraciones políticas, cumpliendo criterios de transparencia y buen comportamiento. Por otro lado, la generación de leyes que enfrenten el financiamiento ilícito de las campañas y que generen confianza en la población.

*Sociólogo y trabajador social, con estudios en Desarrollo Territorial-Rural; 8 años de experiencia en investigación social en temas de realidad nacional. Actualmente, colabora con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Poder Judicial de Honduras, en análisis e investigación social, y asesora a organizaciones territoriales en la defensa de la tierra y el territorio.