Respondiendo a las críticas de la oposición, el secretario de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, señaló que no se usan fondos públicos para política y, al contrario, evidenció cómo la narcodictadura impidió proyectos para el pueblo, como la nueva carretera hacia el sur.
Explicó que, en 2018, se aprobó la construcción del “Libramiento al Sur”, pero nunca se realizó; además, el proyecto presentaba errores y sería ejecutado por la extinta Invest-H, la misma institución que estafó a hondureños con la compra de hospitales móviles.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, reaccionó ante las recientes acusaciones del candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, en las cuales culpa al gobierno de Xiomara Castro de detener proyectos para utilizar ese dinero en campañas políticas.
Pineda respondió que es imposible financiar una campaña política con recursos del Estado y que tanto los fondos nacionales como internacionales están protegidos por la ley y se puede incurrir en responsabilidad civil y penal.
“Eso ha sido una lucha interna, en marzo, cuando usted nos llamó y nos advirtió de vernos en actos políticos, sea de una corriente u otra», aseguró.
Además, afirmó que desde marzo de 2022 han sido respetuosos con las instrucciones presidenciales de no usar recursos estatales para proselitismo político.
El número uno de la SIT también se refirió a la construcción del Libramiento al Sur, explicando que fue aprobado en 2018, un año después de la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández; sin embargo, el proyecto no se ejecutó.
La empresa encargada de esta obra era Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), la misma que estuvo a cargo de la adquisición de los hospitales móviles para la pandemia por Covid-19, pero que resultó en uno de los casos de corrupción que más impacto negativo ocasionó al pueblo hondureño.
Pineda comparó ese estancamiento con la estafa millonaria de los hospitales móviles, ya que, cuando la presidenta Castro llegó al Ejecutivo, encontraron que el proyecto estaba detenido y con un diseño deficiente rechazado, incluso, por el banco financiador.
«Revisen la cartera, yo no quiero escuchar de esas sandeces de Invest-H porque usted sabe el enorme problema que le trajo eso al pueblo de Honduras», añadió.
El funcionario aseguró que en 2022 rediseñaron el proyecto y en 2023 pusieron en marcha el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) y negociaron las tierras con más de 138 dueños con una inversión de 13 millones de dólares para cubrir indemnizaciones.
«Nosotros bien hubiésemos expropiado a todos y dicho que esto es de interés nacional, pero nosotros no somos así, somos respetuosos y negociamos las tierras», dijo Pineda y aseguró que ya se encuentra el 70 por ciento de las tierras firmadas.
Finalmente, destacó que Honduras alcanzó el punto más alto en inversión de carreteras a nivel centroamericano, seguido por Nicaragua, y que el gobierno de Castro logró lo que otros no hicieron en más tiempo: «Xiomara hizo en 3 años y medio lo que 12 años y 7 meses no hicieron estos sinvergüenza «.
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