Miles de hondureños fueron afectados por la tormenta tropical Sara, y las donaciones extranjeras llegaron al país. Las expectativas sobre el uso de estos fondos despiertan interés, ante antecedentes como lo sucedido con los huracanes Iota y Eta en 2020, donde el entonces gobernante, Juan Hernández, los habría utilizado para proselitismo político.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (STLCC), Sergio Coello, aseguró que las donaciones de organismos internacionales y países aliados para hacer frente a los daños causados por la tormenta tropical «Sara», que dejó múltiples municipios incomunicados y miles de afectados, serán distribuidas de manera transparente y bajo estricta supervisión.
El funcionario explicó que se está “trabajando en una matriz para garantizar que estos recursos sean manejados de forma adecuada, con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y comisiones ciudadanas a nivel municipal”, creando una Mesa de Transparencia, un espacio diseñado para asegurar el uso adecuado de los recursos.
Entre las contribuciones se encuentra el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que aprobó una donación no reembolsable de 500,000 dólares; mientras que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó otros 200,000 dólares y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinó 250,000 dólares para los afectados.
Las dudas sobre el manejo de estos fondos responden a prácticas erróneas de gobiernos anteriores, principalmente el de Juan Orlando Hernández –hoy preso en Estados Unidos por narcotráfico–, quien enfrentó los huracanes Iota y Eta en 2020.
Y es que, cuatro meses antes de las elecciones de 2021, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) autorizó un préstamo de 1,750 millones de lempiras (unos 70 millones de dólares) a Honduras para paliar la devastación de estos huracanes.
El primer desembolso llegó un mes antes de los comicios, y el gobierno de Hernández utilizó parte de ese dinero para otorgar bonos a cambio de que las personas beneficiadas votaran por el candidato presidencial de su partido. La hija del expresidente, Ivonne Hernández, trabajaba como ejecutiva de finanzas en el BCIE en esa época.
Ante este antecedente, Coello señaló que “la presidenta Xiomara Castro ha sido enfática en que se debe garantizar, sobre todo, la protección a la ciudadanía, así como cuidar cada una de las zonas vulnerables y de riesgo, y al mismo tiempo, que los recursos deben manejarse de la manera más transparente”.
Aparte de los bancos internacionales, la Organización de Estados Americanos (OEA) aportó 25,000 dólares del Fondo Interamericano de Emergencia, recursos que serán usados para cubrir necesidades inmediatas en las zonas afectadas.
Además, el Gobierno de Venezuela enviará la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar para brindar asistencia técnica y humanitaria a las comunidades afectadas; mientras que la Embajada de Japón ha donado equipos de emergencia como 75 lonas de plástico, 150 tanques de polietileno para agua, 10 purificadores y 150 tiendas de campaña para los damnificados.
También, la Embajada de los Estados Unidos se hizo presente con ayudas y anunció una donación de 11 millones de dólares, que serán ejecutados directamente por la embajada para adquirir y distribuir suministros esenciales a las familias damnificadas en la región de la costa norte, que sufrió directamente el paso de la tormenta «Sara».
Coello advirtió que quienes no actúen dentro del marco legal enfrentarán “todo el peso de la ley” y se les deducirán las responsabilidades correspondientes. «Este es un gobierno comprometido con el restablecimiento del Estado de Derecho. No podemos seguir tolerando prácticas irresponsables ni actitudes que atenten contra la transparencia y la justicia», enfatizó.
Asimismo, aseguró que se presentará un informe detallado sobre la ejecución de los recursos recibidos, en el cual se especificará tanto el destino de los fondos como el uso que se les dio.
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