En todo 2021 y los primeros seis meses de 2022, la Red de Defensoras de Derechos Humanos, documentó 1,466 agresiones contra mujeres mientras ejercían activismo social en protección de derechos indispensables; el texto refiere que la Policía es una de las instituciones que mayor protagonismo tiene en los ataques.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, en el marco de su 12.° aniversario, ha presentado un informe de 18 meses de registro de agresiones contra activistas sociales, señalando que hasta junio de 2022 documentan 1,466 ataques a mujeres defensoras.
Estas agresiones, van desde la vigilancia, el hostigamiento y desprestigio, hasta casos de violencia física y asesinato, según el documento: 329 fueron de carácter personal, 1,053 de carácter colectivo y 84 en contra organizaciones.
La representante de la Red, Melissa Cardoza dijo a EL LIBERTADOR que uno de los puntos más importantes del informe es que se trata de un documento que destaca la participación de las mujeres en la lucha por derechos indispensables, siendo un punto de inflexión en discursos que, de alguna manera, ha invisibilizado la pelea de las féminas en el activismo social.
“Creemos que es muy importante considerar que las mujeres luchan, en condiciones muy diferentes que los hombres”, agregó.
Cabe recalcar que entre las afectadas destacan las activistas que ejercen la defensa del territorio, la exigencia de la verdad y libre expresión, y, finalmente las agresiones a quienes urgen reparación y justicia, siendo tres campos.
El texto apunta que “la Policía es uno de los principales perpetradores contra las defensoras tanto en 2021 como en el primer semestre de 2022, y si lo sumamos con las autoridades públicas, los funcionarios del Estado representan un gran porcentaje como ejecutores de las agresiones”.
Entre otros datos, el documento reafirma que al menos la mitad de los casos, sufrieron por su condición de mujer y el 80% optó por no proceder en denuncia ya que desconfían que la institucionalidad responda para castigar a los agresores.
Cardoza, agregó que este trabajo de la Red de Defensoras ha sido clave porque “tenemos ese propósito de acompañar, denunciar y evidenciar las agresiones a los Derechos Humanos, lo hemos hecho durante 12 años y lo seguiremos haciendo”.
En los registros que hemos presentado en este informe –apunta el texto–, queda evidenciado el alto impacto en la vida y con ello en el quehacer político de las defensoras, del régimen dictatorial que estuvo instalado en el país, en el que se preparó un contexto, a través de las fuerzas coercitivas, que ha fomentado la criminalización y demás agresiones que niegan la oportunidad legítima para defender derechos.
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