Más tardó el sector privado hondureño en pedir al Gobierno que se abstenga del proyecto “emiratos” –como se llama a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) impulsadas por Juan Hernández— para que aumentaran la presencia en el país y, “Próspera” en Roatán, hasta anunció la creación de criptomoneda.
“Mi participación actual, participación de alto nivel, está en la creación de lo que casi equivale a un nuevo país en América Latina”, dijo el inglés con mentalidad filibustera, Oliver Porter, en una entrevista con Reporter Newspapers de Atlanta al referirse a su papel asesor en “Próspera”.
En septiembre de 2020, el CEO de “Próspera”, el naturalizado estadounidense, Erick Brimen (gráfica), protagonizó la invasión oficial a la aldea de Crawfish Rock, amenazando a los pobladores con la expropiación de sus tierras, amparado en la “Ley”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El “Estado Próspera” ha anunciado la creación de su propio dinero, una criptomoneda que circularía en una parte del territorio hondureño en Roatán, en el insular departamento Islas de la Bahía.
¡Qué locura!, exclaman expertos en Banca y Finanzas, pero la experiencia indica que esas acciones son la base legal para futuras demandas multimillonarias que esos “inversionistas” reclamarán al Estado de Honduras en tribunales extranjeros, gracias al proyecto “emiratos” del Gobierno Hernández, que ahora reta al sector privado que lo ha sostenido en el cargo casi una década, soslayando el desprestigio de país, ausencia de inversión limpia, caos social, quiebra de la economía y ruptura del orden constitucional.
Hace unos días apenas, el mayor organismo empresarial del país fue claro en su oposición a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) que impulsa el Gobierno. Y de nada sirvió, en los últimos días han aparecido en San Marcos de Colón, Choluteca, en la región sur y en otras partes de la superficie nacional.
Tras un análisis técnico, jurídico y constitucional, la Junta Directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), advirtió que este proyecto constituye un peligro, un alto riesgo para la soberanía nacional, para los municipios, para los inversionistas, entre otros, porque carece de seguridad jurídica.
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A pesar de eso, asumiendo la condición jurídica de país para crear política monetaria y emitir moneda, la “Zede Próspera” de Roatán anunció que ya aprobó la criptomoneda.
A respecto, funcionarios del Gobierno Hernández y ejecutivos de Próspera sostienen que esta “zona económica” simplemente atraerá inversión, creará empleos para los hondureños y jamás pondrá en riesgo la soberanía, aun cuando lo hace al hablar de su propio circulante; los ideólogos de los “emiratos” son quienes impulsan las famosas “ciudades-estado y los gobiernos corporativos”.
Los funcionarios del Gobierno como Ebal, Oliva y el propio Juan Hernández minimizan la preocupación y malestar de los sectores hondureños que le insisten pare ese plan separatista del territorio de Honduras, que la Constitución prohíbe; y para ellos, Próspera, es sólo una zona de empleo y desarrollo económico, sin embargo, quienes conocen este esquema explican que es una ciudad-Estado que se integrará a una red económica mundial donde no habrá espacio para los hondureños pobres o ricos fuera de ese modelo.
Acerca de esta anarquía en el gobierno de Honduras, se ha pronunciado la ONU, y pide: “al Estado de Honduras revisar la compatibilidad del marco constitucional y legal de las Zede con sus obligaciones internacionales de respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas y afrodescendientes y el derecho al desarrollo equitativo y sostenible”.
A criterio de Aníbal Cálix, asesor de la comunidad Crawfish Rock que sería desplazada por Próspera, “detrás de las promesas de empleo e inversión extranjera se esconde la realidad, es un grupo de personas que tienen un pensamiento libertario que creen que el Estado no debe tener injerencia en las relaciones de las personas, y el objetivo es separarse de las estructuras estatales de Honduras”.
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